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Dosis mínima, ¿excusa o un derecho ciudadano?
Un nuevo debate alrededor de la reglamentación de la dosis mínima en el país tiene enfrentados al Fiscal General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia.
Todo surgió a raíz del anuncio del jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, quien anticipó que en compañía de la Policía Nacional se presentará un proyecto de ley para reformar la reglamentación de la dosis.
“Necesitamos ajustes legales para vencer el microtráfico, la mayor amenaza contra nuestros niños y adolescentes”, sostuvo Martínez.
La situación que ataca el Fiscal tiene que ver con la posición de los jueces ante el tema. Por un lado, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia determinó en marzo de 2016 que la dosis mínima de droga es la que el consumidor necesite, por tanto, los que sean encontrados con una dosis mayor a la que se establece por ley (20 gramos de marihuana y 5 gramos de cocaína), si es para su propio consumo, no podrán ser encarcelados.
Esta postura se alinea con la de la Corte Constitucional, que desde 1994 vinculó el consumo de la dosis mínima a la libertad propia del ciudadano, entendiendo que el adicto es un enfermo y no un delincuente.
Sin embargo, para Martínez, esta protección que otorga la Rama Judicial se ha vuelto un “escampadero” de expendedores y microtraficantes, “si son 20 papeletas (las incautadas) el malandrín de las drogas dice que son las de la semana, si son 40 que son las de la quincena, si son ochenta que son las del mes y si es una tonelada nos dicen que es la del resto de su vida”, indicó.
Desde la Corte Suprema de Justicia no aceptaron la crítica, y el presidente de la Sala Penal, Luis Hernández, aseguró que ni la Policía ni la Fiscalía están justificando con pruebas que los capturados estén vendiendo y no consumiendo.
Sin embargo, este nuevo enfrentamiento desnuda la apatía desde el Congreso por no legislar sobre la materia, pues desde hace 24 años existe el concepto de dosis mínima, sin que exista una ley clara sobre su articulación.
