Más de 200 habitantes de la localidad de Suba realizaron este miércoles un plantón frente a la Secretaría de Gobierno de Bogotá debido al proceso judicial que tuvo sentencia frente a una acción popular en el 2006, y en el que la magistrada Martha Lucía Rengifo, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó que las viviendas emplazadas en esas áreas de influencia del vertiente tenían que reasentarse.
La Caja de la Vivienda Popular notificó a los afectados por este fallo y debía dirigirsen a las oficinas de la entidad para cumplir con un proceso de reasentamiento. Lo mismo que les ha pasado a más de 700 propietarios en barrios como Bilbao, Berlín, San Pedro, Santa Rita, Villa Cindy y Santa Cecilia (de estrato 2), ubicados en la ronda hidráulica (los que están más cerca del cauce) o en la zona de preservación ambiental del río Bogotá.
El reasentamiento no se ha efectuado hasta la fecha, entre otras razones porque los afectados interpusieron distintas acciones y lograron mantenerse en sus casas. Mientras tanto, la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) sí desarrolló las acciones de manejo del cauce y mitigación del riesgo, lo que generó un cambio en las condiciones de los terrenos en cuestión. Lo propio ha hecho la Secretaría de Hábitat con distintas acciones en la ronda del río.
La oposición de la mayoría de los habitantes se relaciona con que han edificado sus casas y aseguran que entregarla a cambio de 50 salarios mensuales es imposible. “Yo por mi casa pido 300 millones de pesos porque me da para vivir y para conseguir un sueldo. Que me paguen lo que de verdad vale, eso es lo que exijo yo y lo que exige la comunidad”, expone un residente del sector a la emisora Suba Alternativa.
Río de Bogotá -Localidad de Suba
William Cubides vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Bilbao dijo a Suba Alternativa que el distrito de pagar lo que de verdad vale, eso es lo que exijo yo y lo que exige mi comunidad.
Nosotros como líderes del sector pedimos que se revoque la resolución que determina el reasentamiento o que el Distrito les pague por sus viviendas lo que ellos consideran “justo, porque ni son ranchos ni se están cayendo, ni se han inundado por desbordamiento del río en los últimos 18 años”.
A la vez, instauraron una tutela para reclamar el derecho al debido proceso, pues consideran que la autoridad judicial debe revisar el concepto del Idiger para modificar la decisión, aun cuando la orden se emitió por estar ubicados en zona prohibida.
