Los comerciantes, están siendo los principales afectados por esta problemática, aseguran que los robos a sus locales se han vuelto pan de cada día. La modalidad más común, según denuncian, es el atraco a mano armada, en el que los delincuentes, con total impunidad y violencia, intimidan a empleados y clientes para llevarse dinero y mercancía.
Pero los robos no se limitan a los establecimientos comerciales. Los habitantes también se han convertido en blanco de los delincuentes, quienes aprovechan la falta de patrullaje policial para arrebatar celulares, bolsos y demás pertenencias a cualquier hora del día. El temor se ha apoderado de las calles, y muchos vecinos evitan salir de sus hogares a ciertas horas, convirtiéndose en prisioneros en su propio barrio.
A la ya preocupante situación se suma un nuevo foco de inseguridad: el robo a camiones repartidores de alimentos y gaseosas. Los delincuentes, con una osadía que indigna, interceptan los vehículos en plena vía pública, amenazan a los conductores y se llevan la mercancía, generando pérdidas económicas considerables para los comerciantes y afectando el abastecimiento de productos en la zona.
Ante la grave situación, la comunidad de Santa Cecilia primer sector hace un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas contundentes que permitan frenar la ola de inseguridad. Exigen mayor presencia policial, patrullajes constantes, instalación de cámaras de seguridad y estrategias efectivas para combatir la delincuencia que los tiene azotados.
Los habitantes del barrio se encuentran desesperados, pues sienten que sus voces no son escuchadas y que la inseguridad ha sobrepasado los límites. Manifiestan que han interpuesto las denuncias correspondientes ante las autoridades, pero hasta el momento no han visto resultados concretos.
La comunidad de Santa Cecilia primer sector se niega a seguir viviendo en zozobra y exige a la administración local y a la Policía Nacional que garanticen su seguridad y tranquilidad. De no haber una respuesta contundente e inmediata, no descartan la posibilidad de tomar medidas de hecho para hacerse escuchar y defender su derecho a vivir en paz.
