La Contraloría General de la República ratificó esta semana la legalidad del fallo de responsabilidad fiscal por más de 1,4 billones de pesos contra Carlos Gustavo Palacino, expresidente de la desaparecida EPS Saludcoop. La noticia marca un nuevo capítulo en uno de los casos más sonados de desvío de recursos públicos de la salud en Colombia, un escándalo que afectó a millones de usuarios durante años y que aún deja heridas abiertas en el sistema de salud.
Este proceso, que arrancó hace más de una década, se enfoca en el mal manejo de dineros girados por la Nación a Saludcoop para la prestación de servicios médicos. Según la Contraloría, esos recursos terminaron siendo usados para otros fines, como inversiones y gastos administrativos que nada tenían que ver con la atención de los pacientes. Para muchos, este fallo representa un mensaje contundente sobre la vigilancia de los recursos públicos.
La ratificación del fallo se da después de que la defensa de Palacino interpusiera una acción de tutela para tumbar la decisión. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la Contraloría actuó ajustada a la ley y respetó todas las garantías del debido proceso. Este revés judicial para el exdirectivo refuerza la idea de que la justicia tarda, pero llega, y que nadie está por encima de la ley.
Saludcoop: La Contraloría confirma el golpe a la corrupción.
En su pronunciamiento, el contralor general en funciones, Carlos Mario Zuluaga, destacó que este resultado es fruto de un trabajo técnico y riguroso de los órganos de control. Aseguró que este tipo de decisiones envían un mensaje de confianza a los colombianos que, por años, han exigido transparencia y castigo ejemplar para quienes se aprovechan de los recursos destinados a derechos fundamentales como la salud.
El caso Saludcoop se convirtió en un símbolo de cómo la corrupción puede desangrar sectores tan sensibles como el de la salud. Muchos usuarios de la extinta EPS todavía recuerdan las dificultades para acceder a citas, tratamientos y medicamentos, mientras las directivas desviaban recursos para otros propósitos. Hoy, la confirmación del fallo revive el debate sobre la necesidad de blindar el sistema contra estas prácticas.
Ahora, el reto será materializar la recuperación de esos recursos y seguir avanzando en procesos similares para que los responsables respondan ante la justicia y la sociedad. Aunque nada compensará por completo los daños causados, esta decisión se percibe como una victoria para la ciudadanía y un paso importante hacia un manejo más ético de la salud pública en Colombia.
