En un paso clave para respaldar a miles de familias campesinas, el Gobierno Nacional estableció un precio mínimo de compra del arroz paddy verde. Con esta medida se busca garantizar ingresos dignos a los pequeños productores, quienes suelen ser los más afectados por la volatilidad del mercado. La decisión se tomó tras varios diálogos con gremios, asociaciones campesinas y representantes del sector arrocero.
El presidente Gustavo Petro resaltó que esta estrategia forma parte de un plan integral para dignificar el trabajo rural y evitar la quiebra de los agricultores. De acuerdo con el Gobierno, esta política permitirá estabilizar los precios internos, fomentar la siembra y, sobre todo, evitar la intermediación abusiva que históricamente ha dejado a los campesinos con pérdidas. La meta es que el beneficio llegue directamente al productor.
Para fijar este precio mínimo se analizaron los costos de producción, las condiciones climáticas y el comportamiento del mercado internacional. El Ministerio de Agricultura explicó que la compra de arroz paddy verde se hará a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, garantizando transparencia y evitando la especulación. Además, se pondrá en marcha un mecanismo de vigilancia para que los molinos y grandes compradores respeten lo pactado.
Medidas para Proteger la Producción Arrocera Nacional
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, enfatizó que este respaldo también ayudará a incentivar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones. Según cifras oficiales, Colombia tiene más de 500 mil hectáreas cultivadas de arroz y alrededor de 50 mil familias viven de este renglón económico. Sin embargo, factores como el contrabando y la competencia desleal han puesto en riesgo su sostenibilidad.
Líderes campesinos y representantes gremiales celebraron la medida, pero pidieron mayor acompañamiento técnico para modernizar la producción y mejorar la calidad del grano. “No basta con fijar un precio; necesitamos apoyo en insumos, maquinaria y vías terciarias para sacar la cosecha sin sobrecostos”, expresó Pedro González, productor de la región del Meta. También hicieron un llamado a fortalecer los canales de comercialización directa.
Con este nuevo paso, el Gobierno reafirma su compromiso de impulsar la seguridad alimentaria y reconocer el papel fundamental del campesinado en la economía nacional. Se espera que esta política se convierta en un ejemplo para otros sectores agrícolas, promoviendo un campo más justo y productivo. Mientras tanto, los arroceros confían en que esta decisión marque el inicio de una etapa de estabilidad y prosperidad para sus familias.
