Un hecho preocupante alteró la tranquilidad de los residentes de un conjunto residencial en el barrio Mazurén, localidad de Suba, la tarde del domingo 13 de julio. Una mujer, en aparente estado de embriaguez, fue captada en video mientras disparaba un arma de fuego al aire desde el balcón de un apartamento. El material audiovisual fue compartido por varios vecinos, quienes también aseguran haber escuchado múltiples detonaciones durante el transcurso de la tarde.
En las imágenes, se puede observar a la mujer en lo que parece ser una reunión social dentro del apartamento. Está acompañada de varios hombres, uno de los cuales intenta quitarle el arma justo después de que realiza el disparo. A pesar del intento, el disparo ya había sido hecho. La escena provocó temor entre los vecinos, especialmente por tratarse de un edificio con pisos elevados y familias presentes.
La sanción que recibiría la mujer
La Policía Nacional ha reiterado que el disparo indiscriminado de armas de fuego es una conducta de alta peligrosidad y completamente ilegal. «Disparar al aire no solo es una infracción grave, sino que representa un riesgo inminente para la vida y la seguridad de los ciudadanos», afirmó un vocero de la institución. «Las balas perdidas son un fenómeno lamentable que ha causado innumerables tragedias en Colombia, con heridas y muertes de personas inocentes».
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Este tipo de acciones constituyen un delito grave según la legislación colombiana, específicamente bajo los artículos 356A (Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones) y 365 (Disparo de arma de fuego) del Código Penal, así como en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) en lo referente al uso indebido de armas. Las sanciones para quienes incurran en estas conductas pueden ser severas, abarcando desde la cancelación definitiva del permiso de porte y tenencia de armas hasta penas privativas de la libertad.
En este caso particular, si se comprueba que la mujer realizó disparos sin que mediara una situación de legítima defensa o agresión, podría enfrentar una condena que oscila entre uno y cinco años de prisión. Adicionalmente, se le revocaría el permiso de porte de armas y se le inhabilitaría para obtener uno nuevo por un periodo de hasta veinte años. Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para esclarecer todos los detalles del suceso.
