En Suba crece la inquietud entre varios residentes que cuestionan el manejo de los recursos recaudados por concepto de multas impuestas bajo el Código Nacional de Policía. La comunidad exige que tanto la Estación de Policía de Suba como la Metropolitana de Bogotá expliquen de manera detallada a dónde van esos dineros y cómo se están invirtiendo.
La preocupación surgió luego de que algunos ciudadanos notaran que, a pesar de las sanciones aplicadas en el sector, los problemas de convivencia persisten. “Aquí multan a la gente por consumo de alcohol en el espacio público o por generar riñas, pero uno no ve mejoras reales en el barrio”, comentó un residente del sector Tibabuyes.
Según relatan los vecinos, la percepción es que las sanciones no se traducen en acciones visibles que fortalezcan la seguridad o la convivencia. “Si las multas se pagan, debería verse reflejado en más patrullajes, mejor iluminación o programas comunitarios. Pero no hay claridad de que eso esté pasando”, dijo una comerciante del barrio La Gaitana.
Líderes comunitarios han enviado oficios formales solicitando informes públicos sobre el destino de estos recursos. El objetivo es garantizar que lo recaudado se invierta de manera transparente en acciones que beneficien directamente a la comunidad, tal como establece la normatividad.
El tema ha generado un debate más amplio sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos. Algunos habitantes consideran que la rendición de cuentas debería ser una práctica constante, no solo cuando surgen quejas o reclamos. “La gente paga, pero no sabe en qué se gasta. Eso no genera confianza”, señaló un integrante de una junta de acción comunal.
Desde la Policía de Bogotá se ha indicado de manera general que las multas tienen como fin apoyar programas de convivencia y reforzar la capacidad operativa, pero la comunidad insiste en que se necesitan cifras claras y reportes específicos de cada localidad.
En barrios como Lisboa y El Rincón, varios vecinos proponen que, al menos una vez al año, se realicen audiencias públicas donde las autoridades presenten un balance detallado del uso de estos recursos. Creen que esto ayudaría a generar confianza y a que los ciudadanos sientan que sus aportes realmente tienen un impacto positivo.
Por ahora, el llamado de los residentes de Suba es directo: más transparencia, más comunicación y resultados visibles. Quieren que las multas, más allá de sancionar, se conviertan en una herramienta real para mejorar la seguridad y la convivencia en sus calles.
