Las obras de construcción y refuerzo de la nueva Unidad de Reacción Inmediata (URI) para el norte de Bogotá, una infraestructura clave para combatir la inseguridad en las localidades de Suba y Usaquén, atraviesan una grave crisis de retraso que ha generado fuertes críticas desde la Junta Administradora Local (JAL) de Suba.
El edil Alejandro Lozada, del Partido Centro Democrático, visitó la emisora Suba Alternativa y calificó el avance de la obra como «vergonzoso», señalando que el incumplimiento en los plazos está dejando a la ciudadanía «a merced de la inseguridad».
Avance Crítico y Millonario Anticipo
Según la denuncia del edil Lozada, las obras, que se ejecutan a través del contrato 1814 de 2023 (adjudicado en 2024 por un valor total de $8.600 millones), presentan un avance de apenas el 21,45% luego de más de siete meses de ejecución. Esta cifra contrasta dramáticamente con el 57,11% de avance que, según el informe oficial, la obra debería presentar a finales de junio de 2025.
Lozada enfatizó que este retraso representa una desviación del 35,66% respecto al cronograma, una situación que se agrava al considerar que el contratista ya recibió un anticipo de $2.500 millones. El edil subrayó que, a pesar de la inyección de capital inicial, los avances de la obra no son «significativos», afectando directamente a la comunidad.
Infraestructura Vital en Riesgo
La nueva URI es fundamental para el norte de Bogotá, ya que está diseñada para centralizar y agilizar la atención de denuncias, adelantar los procesos judiciales iniciales y canalizar de forma más eficiente los casos de delitos de alto impacto que afectan a Suba y Usaquén, todo bajo los lineamientos del Código de Procedimiento Penal.
El retraso en la entrega de esta infraestructura judicial, según el concejal, «agrava la crisis de inseguridad» en Suba, que ha registrado cifras históricas de delitos en lo corrido de 2025.
Además del bajo ritmo de ejecución, el edil Lozada criticó las irregularidades encontradas en los estudios y diseños de la obra, las cuales han sido señaladas en modificaciones contractuales e informes posteriores, y que continúan siendo un factor que afecta el cumplimiento de los plazos y el ritmo de construcción.
El edil Lozada hizo un llamado a las entidades competentes para que tomen medidas urgentes y resuelvan la situación contractual y técnica de la obra, pues la comunidad de Suba y Usaquén necesita esta infraestructura para fortalecer la seguridad y la administración de justicia.
