El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su estrategia para formalizar la minería artesanal y combatir la ilegalidad que rodea la explotación del oro en Colombia. El Ministerio de Minas y Energía anunció que, a partir de noviembre, el Estado comenzará a comprar directamente el oro producido en las regiones, cumpliendo una orden del presidente Gustavo Petro. La medida busca transformar un mercado históricamente controlado por la informalidad y las mafias, e impactar de forma directa las economías locales que dependen de este metal precioso.
A través de su cuenta en la red social X, el presidente Petro explicó que la directriz busca “sacar las mafias del oro” y garantizar que los pequeños mineros accedan a la legalidad. “He ordenado al Ministerio de Minas que compre las empresas de oro de la SAE e inicie de inmediato compra de oro en las regiones productoras de Colombia. O se legalizan o salen”, escribió el mandatario. En respuesta, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, confirmó que la estrategia comenzará en noviembre y recordó que el 80 % de las 70 toneladas de oro que se comercian anualmente proviene de explotaciones informales o ilegales, lo que genera pérdidas fiscales que superan los cinco billones de pesos al año.
Petro critica al Banco de la República por «gran descalabro financiero» en medio de precios récord.
Palma Egea lamentó que el Congreso no hubiera aprobado la creación de Ecominerales, la empresa estatal que habría permitido al Gobierno regular el mercado de los minerales preciosos. Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo no se ha quedado quieto y que avanzará en la puesta en marcha de un sistema estatal de compra y formalización. En coordinación con el Ministerio de Hacienda, la SAE, la Dian y la Agencia Nacional de Minería, las empresas de oro en proceso de extinción de dominio serán entregadas a cooperativas y asociaciones de pequeños mineros, para darles “un alto valor social a esos activos que alguna vez estuvieron en manos de la ilegalidad”.
El Ministerio calcula que la medida beneficiará inicialmente a más de 7.400 mineros organizados, aunque el objetivo final es alcanzar a los 350.000 mineros informales que aún trabajan por fuera de la ley. “El Gobierno del Cambio les cumple a los mineros artesanales, facilitando su formalización y acceso al mercado legal”, subrayó la cartera. En paralelo, Petro lanzó críticas al Banco de la República por haber vendido parte del oro colombiano y no comprarlo en el territorio nacional, calificando esa decisión como “un gran descalabro financiero”. Las declaraciones se dan justo cuando el precio internacional del oro alcanzó cifras récord, superando los US$4.300 la onza, impulsado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
