Suba Alternativa le hace seguimiento a la situación que viven las familias del llamado sector de Gavilanes y quienes por una acción popular deben ser reasentados del lugar en una operación que por parte del distrito adelanta la Caja de Vivienda Popular.
Carmen Chacón es una de esas personas afectadas por dicha sentencia y aunque el proceso de reubicación avanza como otras muchas familias se resiste a salir de la casa en la que vive desde hace muchos años.
Esta mujer que sufre en carne propia la posible reubicación afirma que hoy en día la sentencia del Tribunal de Cundinamarca ya no tiene efecto ya que las razones por las cuales se hizo la demanda ya no existen, las condiciones cambiaron porque no hay riesgo, las obras que se han hecho ya lo mitigaron.
Las obras las hicieron la Car, el Acueducto de Bogotá y la Alcaldía Local y son fundamentalmente un jarillón y un sendero peatonal.
Por las comunidades
Según afirma Carmen la sentencia se debe cambiar en esta ocasión a favor de las comunidades ya que lo que se ha construido se ha hecho bajo la mirada de todas las entidades públicas y privadas y en ningún momento pasaron notificación escrita sobre las construcciones.
Agrega que sólo ahora interviene la Caja de Vivienda Popular en 25 años y mientras se construyó lo que hoy está ninguna autoridad ni distrital, ni nacional, ni pública, ni privada intervino.
“Aquí lo que se ha hecho es trabajar para levantar unas casas con apartamento para que la gente tenga una renta y pensar en su pensión las mayoría son personas mayores de 50 años a quienes ya nadie les va a dar un empleo y menos pensar en irse a otro lado”, asegura.
Finaliza diciendo que allí hay calidad de vida pero la sentencia los tiene en jaque aunque entiende que quienes interpusieron ese recurso seguro lo hicieron de buena intención pero no pensaron en quienes viven cerca de la ronda del Río Bogotá, en Suba.
Carmen Chacón El requerimiento tiene que ver con un proceso judicial que tuvo sentencia frente a una acción popular en el 2006, y en el que la magistrada Martha Lucía Rengifo, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó que las viviendas emplazadas en esas áreas de influencia del vertiente tenían que reasentarse.
Se debe cambiar la sentencia a favor de las comunidades lo que se ha construido se ha hecho bajo la mirada de todas las entidades públicas y privadas y en ningún momento pasaron notificación escrita sobre las construcciónes solo ahora interviene la Caja de Vivienda Popular en 25 años y mientras se construyó lo que hoy esta ninguna autoridad ni distrital ni nacional ni pública ni privada intervino
Aquí lo que se ha hecho es trabajar para levantar unas casas con apartamento para que la gente tenga una renta y pensar en un predio la mayoría son personas mayores de 50 años a quienes ya nadie les va a adar un empleo o irso otro lado
Aquí hay calidad de vida la sentecnai los tiene en jaque quienes interpusieron ese recurso seguro lo hicieron de buena intención pero no pensaron en quiénes viven cerca a la ronda del río.
