“No dudaremos en sancionar a integrantes del consorcio constructor para proteger recursos de los bogotanos”: contralor, Julián Ruiz, tras visita a PTAR el Salitre.
Para verificar las condiciones de operabilidad, el estado general de la construcción y de las máquinas, al igual que el programa de mantenimiento y garantías, la Contraloría de Bogotá D.C. realizó este miércoles una Visita Fiscal a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Salitre, entregada parcialmente al Acueducto de Bogotá (EAAB) en diciembre y cuya entrega final está prevista para septiembre cuando finaliza el contrato de diseño, construcción, instalación de equipos y puesta en funcionamiento.
La Visita Fiscal fue ordenada dentro de una auditoría conjunta de las Contralorías General de la República (CGR) y de Bogotá D.C., desde donde viene ejerciéndose control fiscal sobre las inversiones realizadas por la Nación y el Distrito en el proyecto que hace parte del mega proyecto para la descontaminación del Río Bogotá.
En el caso de la Contraloría de la capital la auditoría se desarrolla sobre la revisión, confrontación, complementación y apropiación de estudios, diseños, así como en la construcción de la Estación Elevadora de Aguas Residuales de Canoas y sus obras complementarias, incluyendo la puesta en marcha y operación asistida, por valor de $351.957’844.748, de los cuales $164.303’226.254 corresponden a la EAAB (recursos del Distrito).
Adicionalmente, el ente de control distrital aclaró que en el plan de trabajo de la acción conjunta se estableció que no le corresponde a esta entidad la fiscalización del Contrato 803 de 2016 para la construcción de la PTAR Salitre, dado que fue suscrito entre la CAR y el Consorcio CEPS y como tal no involucra recursos del Distrito, sin perjuicio de que al final del ejercicio deban compartirse los análisis y conclusiones finales por parte de la CGR.
No obstante, la Contraloría de Bogotá D.C. a pesar de no contar con facultades de control preventivo, ha decidido evaluar la información del Banco Mundial, del interventor, de la acción popular que cursa en el Tribunal de Cundinamarca y la EAAB, a fin de establecer el estado de las maquinarias y sus condiciones de funcionamiento. Ello, con miras a detectar tempranamente riesgos, y una vez el proyecto sea recibido completamente por la EAAB establecer futuras responsabilidades en caso de que la EAAB deba realizar gastos que no se encuentren justificados o que hayan debido ser asumidos por el contratista de la CAR Cundinamarca.
Por su parte, la Contraloría General de la República está a cargo de la fiscalización de dos contratos: el 1454 de 2015 y 803 de 2016, el primero para la gerencia del proyecto por $37.799’066.360 y el segundo (contrato 803 de 2016) para el diseño detallado, construcción de obras, suministro e instalación de equipos, operación asistida y expansión de la PTAR El Salitre, por valor de $1.3 billones (recursos de la Nación).
La diligencia fue encabezada por el Contralor de Bogotá D.C., Julián Mauricio Ruiz, quien estuvo acompañado del Delegado del Medio Ambiente de la Contraloría General, Gabriel Jurado.
A partir de la Visita Fiscal a la PTAR El Salitre, el Contralor de Bogotá D.C. le solicitó a la Empresa de Acueducto que informe sobre el estado técnico, el funcionamiento y las garantías de todo el componente y la maquinaria que debería recibir en el mes de septiembre cuando se tiene prevista la entrega final del proyecto dando así por terminada la operación asistida por parte del contratista Consorcio CEPS (Consorcio Expansión PTAR Salitre).
“Sin perjuicio de la orden judicial que exista, desde la Contraloría de Bogotá D.C. consideramos que el la CAR como entidad contratante y el Acueducto, con base en las cláusulas contractuales y con criterio técnico, deben dejar todas y cada una de las constancias sobre el estado de los equipos que van a recibir teniendo en cuenta que hay informaciones de posibles daños prematuros, porque en caso de inversiones dobles o adicionales injustificadas por parte del Acueducto por una mala ejecución contractual del Consorcio, no dudaremos en sancionar a las firmas que integran el Consorcio para proteger el patrimonio de los
bogotanos”, dijo el contralor Julián Mauricio Ruiz.
“A la Contraloría General le preocupa, entre otras cosas, que la situación de conflictividad contractual entre la CAR, el Acueducto y el consorcio CEPS, lleve a la paralización de la planta, lo cual sería nefasto para el Río Bogotá y se constituiría en una grave amenaza ambiental” manifestó, entre tanto, el Delegado del Medio Ambiente de la CGR, Gabriel Jurado.
En desarrollo de la auditoría conjunta de las contralorías de Bogotá y General, el ente de control de la capital prevé un acompañamiento especial a la Empresa de Acueducto durante el proceso de recepción, puesta en operación y mantenimiento, a partir de la culminación de la operación asistida que viene llevándose a cabo desde diciembre cuando se realizó la
entrega parcial de la PTAR atendiendo una orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
