La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones relacionado con el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en el departamento de La Guajira.
La decisión se tomó tras una indagación preliminar en la que el organismo de control evidenció que el proyecto no avanzó conforme a lo previsto y que, pese a la ejecución de importantes recursos, no se obtuvieron resultados acordes con la planeación inicial.
De acuerdo con la Contraloría, para marzo de 2022 el avance de las obras alcanzaba apenas el 29,6 %, cifra inferior al 33,7 % que se esperaba para esa fecha. Además, el ente de control identificó retrasos en los procesos de licenciamiento, situación que habría impactado la ejecución del proyecto y generado sobrecostos.
La entidad también señaló que los responsables suspendieron de manera indefinida el proyecto en mayo de 2023, sin que entrara en operación. Para ese momento, únicamente se habían construido siete de las 41 cimentaciones previstas y aún no estaban instalados los aerogeneradores necesarios para el funcionamiento del parque eólico.
Los equipos para Windpeshi no fueron puestos en operación
Los responsables del proyecto Windpeshi dejaron sin operar los equipos adquiridos, por lo que la inversión perdió el propósito para el cual la destinaron.
La Contraloría indicó que existe una presunta afectación a recursos públicos distritales debido a la participación del Distrito Capital en Enel Colombia S.A. E.S.P., empresa vinculada al desarrollo del proyecto.
Con la apertura del proceso fiscal, el organismo de control busca determinar las posibles responsabilidades e identificar a las personas que participaron en la planeación, ejecución y toma de decisiones relacionadas con el proyecto.
“Estamos frente a un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido”, señaló Juan Camilo Zuluaga Morillo, contralor de Bogotá.
