Las alarmas se han encendido en las finanzas del sector salud en Colombia. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha revelado cifras preocupantes: los pagos por atención a víctimas de accidentes de tránsito, donde los vehículos involucrados no están identificados o carecen del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), se han triplicado durante los primeros cuatro meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta escalada en los costos representa un desafío significativo para la sostenibilidad de los recursos destinados a la salud pública.
Según el informe de la ADRES, solo en el mes de abril, la entidad giró la asombrosa cifra de $49 mil millones de pesos por reclamaciones relacionadas con este tipo de siniestros. Lo más alarmante es el acumulado: entre enero y abril de 2025, la ADRES ha desembolsado un total de $167.000 millones de pesos. Esta cifra es 3.6 veces mayor que los $46 mil millones pagados en el mismo lapso de 2024, evidenciando una tendencia preocupante que exige una atención inmediata por parte de las autoridades y de la ciudadanía en general.
La Dimensión del Problema y los Esfuerzos de Contención
Si bien el incremento acumulado es alarmante, es importante destacar que en abril pasado se registró una disminución en el número y valor de las nuevas reclamaciones radicadas ante la ADRES. En abril de 2025, se radicaron 34.862 reclamaciones nuevas, que sumaron $79.012 millones. Estas cifras contrastan con las 43.214 reclamaciones por $99.827 millones radicadas en abril de 2024, lo que representa una baja del 20.9% en el valor reclamado y del 19.3% en el número de solicitudes.
Esta reducción puntual, según la ADRES, es resultado directo de la labor conjunta y rigurosa que la entidad viene realizando con las firmas auditoras contratadas. Su trabajo se centra en la revisión y validación exhaustiva de la información reportada por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que presentan las reclamaciones. Este proceso de auditoría es crucial para garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos, buscando contener el desangre financiero que representa el abuso o la ineficiencia en las reclamaciones.
Vehículos No Identificados y Motocicletas: Los Mayores Protagonistas
El análisis detallado de las nuevas reclamaciones arroja luz sobre los principales factores que impulsan estos pagos. Del total de nuevas radicaciones en abril, un preocupante 46.2% correspondió a accidentes con vehículos no identificados. Esto se traduce en 16.118 reclamaciones por un valor de $31.264 millones. Aunque esta cifra representa una disminución del 37.6% frente a los $50.115 millones reclamados en este segmento en abril de 2024, sigue siendo un componente sustancial del problema. La dificultad para identificar los vehículos responsables agrava la situación, pues impide la recuperación de los costos a través de los seguros correspondientes.
Además, un dato revelador es que el 45.9% de las nuevas radicaciones no incluyó información sobre el tipo de vehículo involucrado en el accidente. De las reclamaciones que sí reportaron esta información (el 54.1%), un abrumador 96% correspondió a motocicletas. Este porcentaje subraya la problemática recurrente asociada a los siniestros que involucran este tipo de vehículos en el país, que a menudo son los protagonistas de los accidentes más graves y, en muchos casos, circulan sin la documentación o el SOAT al día.
Perfil de las Víctimas y el Impacto Social
En abril, las cuentas nuevas radicadas ante la ADRES se relacionaron con la atención de 25.038 víctimas de accidentes de tránsito. La distribución por género muestra que el 61% de los afectados fueron hombres (15.262 personas), mientras que el 32% fueron mujeres (8.018 personas). El 7% restante (1.758 personas) no presentó información sobre el sexo. Estas cifras no solo revelan una carga financiera creciente para el sistema de salud, sino que también ponen de manifiesto el alto costo social y humano de la accidentalidad vial en Colombia, particularmente cuando no hay un seguro que respalde la atención de las víctimas.
La situación exige una respuesta integral que combine el control más estricto sobre el cumplimiento del SOAT, campañas de educación vial y una mayor efectividad en la identificación de los vehículos involucrados en accidentes. La triplicación de estos pagos subraya la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y control para salvaguardar los recursos del sistema de salud y proteger la vida y la integridad de los colombianos.
