Padres de familia en Suba denuncian «jaladores» que reclutan a jóvenes, y temen por la seguridad de menores tras recientes desapariciones.
La comunidad de los barrios Bilbao, Berlín, San Carlos de Tibabuyes y San Pedro de Tibabuyes, en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, ha expresado su profunda preocupación por el incremento de avisos de trabajo dirigidos a mujeres para desempeñarse como modelos webcam. La publicidad, que promete altas ganancias y horarios flexibles, se ha ubicado en postes de luz cercanos a instituciones educativas, lo que ha generado alarma entre padres de familia y autoridades locales.
Aunque la actividad de modelos webcam no es ilegal en Colombia, la ubicación de estos avisos cerca de colegios y el presunto reclutamiento de jóvenes por parte de «jaladores» ha generado inquietud. Padres de familia denuncian que estos reclutadores se acercan a niñas y jóvenes entre 17 y 25 años, ofreciéndoles oportunidades laborales en estudios de modelaje webcam.
La situación se agrava ante la reciente desaparición de varias niñas en el conjunto residencial de Cafam, lo que ha aumentado el temor por la seguridad de los menores en la zona. Los residentes de Suba han hecho un llamado urgente a las autoridades locales para que tomen medidas frente a esta problemática, y se investigue la posible relación entre estos avisos y las recientes desapariciones.
«Es muy preocupante ver estos carteles cerca de los colegios, donde nuestros hijos están expuestos a este tipo de ofertas», manifestó una madre de familia, quien prefirió no revelar su identidad. «Tememos que estos avisos sean una fachada para atraer a nuestras hijas a actividades ilícitas», agregó.
Las autoridades de Suba han informado que están investigando la situación y que tomarán medidas para retirar los avisos publicitarios que se encuentren cerca de instituciones educativas. Asimismo, han reforzado la vigilancia en la zona y han instado a los padres de familia a estar alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa.
La comunidad de Suba espera que las autoridades actúen con prontitud para garantizar la seguridad de los menores y evitar que sean víctimas de reclutamiento o actividades ilícitas.
