Diego Caro, ciudadano y veedor social, encendió las alertas tras revelar presuntas irregularidades en la ejecución del programa Renta Ciudadana, una de las principales apuestas sociales del gobierno Petro. Según su investigación, podrían estar entregándose subsidios de forma discrecional, con especial preocupación sobre el favorecimiento a poblaciones específicas en contexto preelectoral.
Caro advierte que la transición del programa Familias en Acción a Renta Ciudadana ha estado marcada por la exclusión inexplicada de miles de hogares vulnerables. Mientras tanto, algunos beneficiarios indígenas —que ya cuentan con programas propios— estarían siendo incluidos sin una justificación clara. “Hay muchas familias que fueron sacadas sin saber por qué, mientras otras firmaron actas sin comprender su contenido”, señaló.
Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de información oficial. El Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha entregado respuestas parciales y, según Caro, se ha negado a brindar datos completos. Esto lo llevó a interponer un desacato para que las autoridades respondan formalmente. “No hay cifras consolidadas ni explicación sobre cómo se están asignando los cupos”, afirmó.
Además, la investigación señala que uno de los principales criterios para excluir familias es una supuesta “mejora económica”, basada únicamente en cruces de bases de datos. Caro cuestiona la validez de este método, ya que no permite verificación ni ofrece opciones de apelación. “Es arbitrario y deja por fuera a quienes siguen necesitando el apoyo”, dijo.
Otro punto crítico es la socialización del programa. Aunque el gobierno ha afirmado realizar jornadas informativas, no hay datos sobre el alcance real de estas actividades. “No se puede hablar de transparencia si no sabemos cuántas personas participaron, dónde y qué se les explicó”, agregó el veedor, quien considera que la falta de claridad debilita la confianza ciudadana.
Diego Caro hizo un llamado a los colombianos a no ver esta denuncia como un ataque, sino como un ejercicio legítimo de control social. “La salud, la vivienda y ahora los subsidios muestran signos de improvisación. No se trata de ideologías, se trata de exigir cuentas claras. La gente más vulnerable merece respuestas, no excusas”, concluyó.
