Mientras los países desarrollados como Alemania gradualmente imponen la prohibición del uso del glifosato como herbicida de amplio espectro, en Colombia, el gobierno nacional se dispone a reiniciar la aspersión de este producto en el Departamento del Guaviare como estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos.
Campesinos y comunidades indígenas del Guaviare encendieron las alarmas ante este anuncio por los graves daños que causa el glifosato a los ecosistemas de los bosques húmedos tropicales de la amazonia, por la contaminación al sistema hídrico, los pastos y cultivos de pancoger que los sustentan y por los riesgos para la salud y la vida de los habitantes de la región.
El gobernador del Guaviare, Heydeer Yovanny Palacio, advirtió sobre los riesgos sociales de la aspersión y el irreversible daño ambiental que acarrea este método en un extenso territorio como la Serranía de Chiribiquete, donde además, encontramos tepuyes de más de 50 metros de altura, jaguares y otros animales que no han sido vistos por el ser humano, pinturas rupestres de más de 20 mil años de antigüedad y pueblos indígenas que no han visto la “civilización”.
“Las comunidades no están de acuerdo con las fumigaciones, desean una erradicación de los cultivos ilícitos,voluntaria y negociada, en la cual el gobierno se comprometa con proyectos productivos, educación, salud, vivienda y desarrollo”, expresó el mandatario departamental; a la vez que la comunidad en San José de Guaviare pidió al Gobierno no reiniciar la aspersión con glifosato.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, indicó que con el apoyo de la tecnología, la aspersión aérea de cultivos ilícitos se extenderá al Putumayo, el bajo Cauca y el suroccidente de Nariño, en la región del Pacífico limítrofe con Ecuador.
Adicionalmente, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, dijo que éste es un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y que para la elaboración del borrador del decreto trabajaron de conformidad con lo que ya había dispuesto la Corte Cosntitucional en 2017, en el que se hará referencia a los riesgos para la salud y el medio ambiente, estableciendo controles rigurosos para su aplicación”.
