En el XIII encuentro de la Jurisdicción Constitucional, el alcalde Enrique Peñalosa, invitado a la mesa de instalación, expresó su preocupación sobre algunas decisiones que ha tomado el Poder Judicial en temas que impactan a Bogotá.
“He pasado mi vida buscando el apoyo ciudadano para implementar proyectos y políticas públicas que he considerado van a genera más equidad y felicidad. Desde esa perspectiva debo decir que me preocupan algunas decisiones que ha tomado la Corte y los jueces, que son más acciones de Gobierno que de control de constitucionalidad”, señaló.
El alcalde sustentó su argumento basándose en algunos fallos que han resultado a favor de demandas que en muchas ocasiones benefician a un menor número de ciudadanos.
“En cada decisión que tomo con mi equipo y con la participación de los concejales para hacer efectivos los derechos que establece la constitución estamos sopesando una infinidad de variables, es necesario contraponer la necesidad de resolver problemas de hoy, con la necesidad de construir una sociedad que esté mejor en el futuro, sin dejar de atender la construcción de infraestructura crítica para que la sociedad y la ciudad sean competitivas”, explicó el alcalde.
Por su parte, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, manifestó estar de acuerdo en este punto con el alcalde, haciendo énfasis en que la Corte Constitucional debe tener un en cuenta dónde debe hacer efectivos los derechos de cada uno de los ciudadanos, con qué recursos y de qué manera solucionar las tensiones existentes entre el derecho individual, el colectivo y el derecho de la sociedad.
El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, respondió: “Las críticas que recibo hoy muy simpáticamente del alcalde, son una buena introducción a este problema que no solo se discute en Colombia, sino que se discute en el mundo. En el contexto colombiano este es un caso muy relevante, ya que además de 200 años de historia constitucional, tenemos una robusta tradición de control de constitucionalidad que se remonta al año 1910”, expresó.
Peñalosa también indicó que, para ordenar la ejecución de obras, es menester imperante que haya mayor conocimiento sobre las necesidades que tienen la ciudad y sus habitantes, y cómo técnicamente se podrían solventar a través de un equipo altamente técnico.
El mandatario también se pronunció sobre la venta de las acciones de la Alcaldía en la ETB, luego de que esta decisión fuera tomada por la mayoría de los concejales y pasará por un proceso de participación popular.
“Un juez tomó la decisión, jurídicamente discutible, de impedir la venta de estas acciones sin importar que expertos coinciden en que esa decisión llevará a que los ciudadanos vean desvalorizar día a día ese activo y genere pérdidas de cientos de millones de dólares que se podrían haber sido invertidos en colegios, parques y hospitales”, dijo Peñalosa.
De igual forma mencionó el hecho de que un juez impidiera el cobro por incumplimiento del Pico y placa, implementado ya en Cali. Y destacó el tiempo que se toman los jueces para tomar una decisión: “cuando los alcaldes elegidos solo cuentan con un periodo de 4 años para gobernar”, dijo.
De igual forma argumentó que el hecho de que la Corte tome decisiones en contra de las tomadas por los gobiernos locales, hace que incluso se inviertan recursos públicos en obras que no cuentan con los estudios necesarios y que no garantizan un beneficio para la mayoría de los ciudadanos.
“Este año el IDU tendrá que hacer inversiones por 130 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura, no elegidos por el alcalde electo y los concejales, sino por los jueces. Me pregunto si estos jueces tienen un mayor conocimiento de la ciudad y del uso alternativo que se le puede dar a estos recursos”, dijo el alcalde.
“La función de un gobernante es tomar decisiones difíciles entre usos alternativos de los recursos para hacer efectivos los derechos de numerosos ciudadanos del presente y del futuro”, agregó Peñalosa.
Por su parte, el alcalde destacó el papel que ha cumplido la Corte Constitucional en mantener la institucionalidad del país y por proteger los recursos públicos. “A todos nos debe generar tranquilidad saber que tenemos una Corte que en su sabiduría es garante del fundamento de nuestra democracia, lo que hace posible nuestro progreso”, concluyó.
