Uno de los sectores más golpeados en la capital por cuenta del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional y distrital es el de los colegios privados que reclaman del gobierno nacional la adopción de medidas para aliviar la crisis económica por la que atraviesan; al respecto, la senadora Soledad Tamayo, en entrevista con Suba Alternativa, dijo que cualquier medida que se vaya a adoptar debe considerar que la educación es un derecho reconocido constitucionalmente.
Añadió que la educación es también un servicio que debe garantizar el Estado, por lo cual llamó la atención del gobierno nacional, especialmente del ministro de hacienda y la ministra de educación para que digan cuál va a ser la política y estrategia para no dejar morir estos establecimientos educativos que han prestado un servicio solidario con el deber que le corresponde al estado.
Según señaló la congresista, los colegios privados han venido atendiendo a más de 2 millones 227 mil alumnos en todo el país, un poco más del doble de los estudiantes que maneja Bogotá, y que vinculan a más de 129 mil docentes en todo el país, que ante la crisis sanitaria ha causado el retraso en el pago de los derechos académicos por cerca del 80% de los padres de familia.
De otra parte, mientras los colegios han tenido que adelantar las adecuaciones tecnológicas para seguir impartiendo las clases a sus estudiantes, las obligaciones económicas, administrativas y laborales continúan sin parar que, de no atenderse oportunamente, pone en riesgo la viabilidad financiera y la prestación del servicio educativo.
Las medidas que adoptó el gobierno la semana anterior, establecen una línea de crédito de un billón de pesos con un respaldo del 80% del Fondo Nacional de Garantías y un periodo de gracia, “pero ese es un mecanismo de crédito que no es una solución que responda a las necesidades que tienen los establecimientos educativos privados”, puntualizó la senadora Tamayo.
Siendo así los hechos, la senadora reconoció que el sector educativo privado pasa por un periodo difícil debido a que los padres de familia han reducido sus ingresos y otros han perdido su empleo, lo que agrava aún más la situación de los colegios de estratos 1, 2 y 3; por esta razón, la senadora propuso exonerar a los colegios del pago de los impuestos, prediales, nacionales y distritales.
