En un movimiento que ha escalado las tensiones diplomáticas entre Colombia y Guatemala, el Gobierno colombiano, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado oficial contundente en el que expresa su «profunda preocupación y enérgico rechazo» a la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado de Colombia ante la Santa Sede, Iván Velásquez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. La Cancillería colombiana calificó esta acción como «carente de sustento jurídico» y un «atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional».

La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia subraya la gravedad de la situación, indicando que «esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del Derecho Internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales». Esta afirmación es crucial, ya que sitúa el conflicto en un plano de violaciones a normativas internacionales y derechos humanos, elevando el nivel de la disputa más allá de un mero desacuerdo bilateral.
El comunicado enfatiza la necesidad de que los mecanismos de cooperación judicial internacional se basen en «una base probatoria sólida y procedimientos transparentes», condiciones que, según el Gobierno colombiano, «claramente no se cumplen en este caso». Esta acusación directa sobre la falta de transparencia y sustento probatorio pone en tela de juicio la legitimidad de la acción judicial guatemalteca, sugiriendo una posible instrumentalización de la justicia para fines ajenos al derecho.
Principios Ignorados y Persecución Política
El Gobierno de Colombia reafirmó su «compromiso con el respeto al derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados». Sin embargo, el documento no se detiene ahí, advirtiendo que «dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad». Esta advertencia es una acusación velada pero directa de que la orden de captura podría estar motivada por razones políticas o personales, y no por una genuina búsqueda de justicia.
La figura de Iván Velásquez, quien se desempeñó como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) antes de su designación como embajador, es central en este conflicto. Durante su gestión en la CICIG, Velásquez lideró investigaciones de alto perfil contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, lo que le valió tanto el reconocimiento internacional como la animadversión de sectores poderosos. La orden de captura en su contra, años después de su salida del país, es percibida por muchos como una retaliación por su labor en la CICIG.
Activación de Canales Diplomáticos y Llamado a la Comunidad Internacional
En respuesta a esta «preocupante» situación, el Gobierno de Colombia anunció la activación de todos los canales diplomáticos para «manifestar formalmente nuestro rechazo ante las autoridades guatemaltecas». Esta medida busca una resolución a través del diálogo y la presión diplomática, aunque la contundencia del comunicado sugiere que Colombia no está dispuesta a ceder en sus principios.
Finalmente, el comunicado colombiano reitera que «Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta actuación como parte de una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados». Este llamado a la comunidad internacional busca generar un consenso global sobre la naturaleza de la acción guatemalteca, esperando que otros países se unan en el rechazo a lo que Colombia considera un abuso de poder judicial.
La situación actual presagia un período de intensa tensión diplomática entre Colombia y Guatemala, con implicaciones significativas para la estabilidad regional y los principios de la justicia internacional. La comunidad internacional estará atenta a los próximos movimientos de ambos países y a cómo esta crisis podría redefinir las dinámicas de cooperación judicial en la región.