Después de años de conversaciones y gestiones, Colombia y Venezuela dieron un paso significativo este 17 de julio con la activación, en firme, del Acuerdo de Transporte Internacional de Carga y Pasajeros por Carretera. Este instrumento, originalmente firmado en 2014 y ratificado por la Ley 2301 de 2023, finalmente cuenta con el respaldo técnico del Ministerio de Transporte colombiano, lo que permitirá a ambos países operar bajo un mismo marco normativo y procedimental.
El espíritu del acuerdo es claro y ambicioso: construir una frontera moderna, eficiente y segura. Para lograrlo, se establecen estándares compartidos, controles integrales y la armonización técnica y operativa en los dos lados de la frontera. En la práctica, esto significa que conductores, vehículos y empresas de transporte se someterán a reglas uniformes, independientemente de si circulan por carreteras colombianas o venezolanas.
Esta regulación llega en un momento relevante para el comercio binacional. Según cifras oficiales, el 86 % de las exportaciones de Colombia a Venezuela viaja por carretera, moviendo 861 millones de dólares en 2024 —una cifra que casi duplica la registrada en 2022—. El acuerdo busca potenciar aún más este flujo, garantizando que no solo sea voluminoso, sino también estable, seguro y transparente.
Uno de los pilares del pacto es la trazabilidad del transporte. Esto implica que cada unidad, carga y conductor deberá estar debidamente identificado, con seguimiento en tiempo real. Además, se introducirá la llamada “libreta de tripulación”, una herramienta que legitima y facilita la movilización de personal en territorio internacional.
Un Nuevo Capítulo en la Integración Regional a Través del Transporte
Otro aspecto decisivo es la creación de condiciones de competencia más justas. En la actualidad, el 75 % del parque autorizado corresponde a transporte colombiano, pero gran parte operaba sin garantías legales ni procedimientos claros. El nuevo marco igualará el terreno de juego, permitiendo que operadores formales compitan en igualdad de condiciones.
Desde el punto de vista institucional, la modernización pasa por simplificar trámites y agilizar permisos. Con procesos concertados y homologados, tanto Colombia como Venezuela se comprometen a mejorar tiempos de respuesta y ofrecer un entorno regulatorio más predecible. Según entidades oficiales, esto fortalecerá no solo la logística, también la confianza de empresarios y transportistas.
La implementación de este acuerdo, sin embargo, aún depende de un intercambio de notas diplomáticas que oficialice su entrada en vigencia. Los gobiernos avanzan en el procedimiento correspondiente, en línea con una voluntad política fuerte y un respaldo simbólico claro: construir lo que algunos denominan “una frontera viva al servicio de la gente”.
En términos generales, este acuerdo constituye un hito dentro del proceso de restablecimiento de relaciones entre Bogotá y Caracas, iniciado en 2022 tras el reinicio formal de relaciones diplomáticas. Más allá de una simple firma, representa el sueño de un transporte binacional eficiente, seguro y regulado que, con o sin los trámites pendientes, comienza a trazar un nuevo capítulo en la integración regional.
