El concejal David Saavedra cuestionó el enfoque del proyecto de decreto publicado por el Ministerio del Interior, mediante el cual se plantean modificaciones y nuevas disposiciones para la actuación de las autoridades frente a las manifestaciones públicas.
El cabildante manifestó reparos frente a lo que considera un posible enfoque represivo en el tratamiento de las movilizaciones y señaló que la discusión debe partir de la protección del derecho constitucional a la protesta, sin desconocer la responsabilidad de quienes cometan delitos durante las jornadas de manifestación.
Saavedra afirmó que la autoridad es necesaria, pero señaló que debe existir una diferenciación entre el ejercicio legítimo de la protesta y las conductas que afectan los derechos de otras personas.
“Claro que necesitamos autoridad. Y siempre he creído que el derecho a la protesta llega hasta donde afecta de manera sostenida los derechos de los demás. Pero una cosa es ejercer ese derecho y otra muy distinta cometer un delito”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el Estado debe garantizar el derecho a la movilización y, al mismo tiempo, intervenir cuando se presenten agresiones, daños o conductas delictivas. Para el concejal, quienes incurran en este tipo de acciones deben responder individualmente por sus actos, sin que esto implique considerar a todos los participantes de una manifestación como responsables de hechos violentos.
“Si alguien agrede, destruye o delinque, tiene que responder por sus actos. Pero no podemos meter en el mismo saco a quienes salen a protestar y a quienes cometen delitos. La autoridad tiene que ser capaz de diferenciar y actuar de manera proporcional”, señaló.
Defiende el diálogo durante las movilizaciones
El concejal también destacó el papel de los Gestores de Convivencia y la importancia de los mecanismos de diálogo y mediación para evitar que las manifestaciones deriven en confrontaciones.
Como respaldo a su argumento, citó el balance oficial de 2025, según el cual hasta el 30 de noviembre se registraron 1.697 movilizaciones en Bogotá. De acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Social y Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno, el 95,3 % de estas jornadas se desarrolló sin hechos de violencia, mientras que el 4,7 % requirió intervención policial.
Saavedra consideró que estas cifras deben ser tenidas en cuenta en la discusión sobre las políticas relacionadas con las manifestaciones públicas y señaló que el diálogo ha permitido manejar gran parte de las movilizaciones sin recurrir a la intervención policial.
“Más del 95 % de las manifestaciones no requirió intervención de la Policía. Eso también hay que decirlo. El diálogo ha funcionado y tenemos que fortalecerlo”, sostuvo.
El concejal insistió en que fortalecer las estrategias de diálogo y convivencia no significa eliminar la autoridad ni permitir la comisión de delitos. Su planteamiento se centra en que las autoridades deben identificar y sancionar las conductas delictivas de manera individual, sin trasladar esa responsabilidad al conjunto de personas que participan en una movilización.
“Si alguien comete un delito, tiene que responder por ese delito. Pero eso no convierte a quienes se están manifestando en un problema de seguridad. El Estado tiene que perseguir el delito, no el derecho a protestar”, concluyó Saavedra.
