El concejal de Bogotá Juan David Quintero cuestionó la legislación vigente luego de que el vehículo conocido como el «Spark azul», cuyo conductor protagonizó un polémico episodio al circular sobre un puente peatonal, saliera de los patios de tránsito de Cajicá tras cumplir los requisitos establecidos por la ley.
El cabildante calificó la situación como «inadmisible» y aseguró que el caso evidencia un vacío en la normativa que impide a las autoridades retener un vehículo cuando no existe una orden judicial o administrativa que lo autorice.
Quintero hizo un llamado al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a la Secretaría Distrital de Movilidad para impulsar una reforma al Código Nacional de Tránsito o a la norma correspondiente, con el fin de evitar que conductores involucrados en hechos que ponen en riesgo la vida de las personas puedan volver a circular mientras avanzan las investigaciones.
Sin orden judicial para mantenerlo inmovilizado
Por su parte, la Alcaldía de Cajicá explicó que autorizó la entrega del vehículo porque no existía ninguna orden judicial o administrativa que permitiera mantenerlo inmovilizado. La administración municipal señaló que el propietario presentó la documentación exigida y recordó que la Ley 769 de 2002 no condiciona la entrega de un vehículo al pago de las multas pendientes.
Además, el municipio informó que emitió una alerta preventiva a las autoridades de Bogotá, Cali y Villavicencio para que, en caso de expedirse alguna medida sobre el automóvil, esta pueda hacerse efectiva. Sin embargo, indicó que hasta el momento no ha recibido ninguna instrucción por parte de esas autoridades.
Ante esta situación, el concejal anunció que promoverá un debate para fortalecer el marco legal y dotar a las autoridades de tránsito de herramientas que les permitan impedir que conductores involucrados en conductas de alto riesgo continúen circulando mientras se definen las actuaciones administrativas o judiciales.
Según Quintero, este caso demuestra la necesidad de revisar la legislación vigente para garantizar que la seguridad de los ciudadanos prevalezca sobre los vacíos normativos.
