La Contraloría General de la República ha identificado irregularidades por $6 billones en 24 Entidades Promotoras de Salud (EPS), relacionadas con el mal uso de recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este hallazgo se dio a conocer el 5 de agosto por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien presentó los resultados finales de un exhaustivo seguimiento a la ejecución de estos recursos por parte de las EPS.
Rodríguez recordó que en septiembre de 2023 se publicó un estudio que detalló cómo las 26 EPS habían manejado los recursos de la UPC, revelando excedentes operacionales significativos en los años 2020, 2021 y 2022. El estudio identificó un uso indebido de los fondos, incluyendo el pago de deudas antiguas con recursos actuales, lo que para la Contraloría constituye una mala apropiación de los fondos destinados a la salud.
El contralor explicó que, en la vigencia de 2020, se encontró que las EPS utilizaron estos recursos para saldar deudas de años anteriores, lo cual es inapropiado. Ejemplos de estas irregularidades incluyen el caso de la EPS S.O.S., que pagó deudas prescriptas con recursos del 2020, y la Nueva EPS, que utilizó fondos similares para cubrir deudas de años anteriores, entre otras EPS implicadas.
Además, el informe reveló que hubo un excedente de $643 mil millones de pesos sin evidencia de su uso en 2020, relacionado con presupuestos para enfermedades y tecnologías no incluidas en el plan de beneficios de salud. La Contraloría también encontró pagos sin soporte por $5.3 billones, que resultan de la diferencia entre lo facturado y lo pagado por servicios, destacando casos específicos como los de la Nueva EPS y la EPS FAMISANAR.
La Contraloría ha iniciado procesos de responsabilidad fiscal por los $6 billones identificados y ha trasladado 37 hallazgos a la Fiscalía y la Procuraduría para investigar posibles delitos y faltas disciplinarias. También se han remitido hallazgos a otras autoridades relevantes como la Superintendencia Nacional de Salud y el Archivo General de la Nación.
Rodríguez concluyó que estos hallazgos, considerados de alto impacto, serán investigados por la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción de la Contraloría. Se espera que en seis meses se presenten resultados concretos sobre las acciones tomadas para abordar estos problemas y mejorar la transparencia en la gestión de los recursos de salud.
