La entidad busca esclarecer posibles irregularidades en la contratación pública del archipiélago. Las actuaciones también abarcan cuestionamientos relacionados con el Hospital Departamental y la adquisición de un inmueble por $7.000 millones.
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 21 de octubre de 2026. La contratación pública y la gestión de los recursos del archipiélago de San Andrés quedaron bajo revisión de la Procuraduría General de la Nación, que inició actuaciones preliminares para determinar si existen irregularidades en varios procesos contractuales y en el funcionamiento administrativo del Hospital Departamental.
Uno de los asuntos que examina el organismo de control corresponde a cuatro contratos celebrados entre 2018 y 2024, cuyo valor acumulado alcanza los $1.709 millones. Según la información divulgada, estos negocios habrían beneficiado a Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang. La Procuraduría busca establecer si durante la celebración de los contratos se presentó algún tipo de favorecimiento indebido.
Otro de los puntos bajo escrutinio es la adquisición directa de un inmueble ubicado en el edificio Coral Palace, operación relacionada con un proyecto de alcantarillado pluvial. El negocio tendría un valor de $7.000 millones y, de acuerdo con los datos reportados, la Secretaría de Infraestructura habría desembolsado aproximadamente $1.700 millones. Las autoridades deberán esclarecer las condiciones de la transacción y establecer si se ajustó a los requisitos legales.
Hospital Departamental, otro foco de las indagaciones
Las actuaciones también se extienden al Hospital Departamental de San Andrés, donde se analizan posibles anomalías en la contratación de bienes y servicios con terceros, pese a que la institución presuntamente dispondría de equipos para realizar algunas de esas actividades de manera directa.
A este panorama se suman denuncias sobre posibles retrasos en el pago de la nómina médica, dificultades para garantizar la disposición de residuos peligrosos y eventuales beneficios contractuales a personas vinculadas familiarmente con autoridades del departamento. Estos hechos hacen parte de los asuntos que deberán ser verificados por los organismos competentes.
Como parte de las diligencias, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud documentación relacionada con el centro asistencial, incluidos contratos, hojas de vida e información sobre los procedimientos de vinculación y contratación. La revisión de estos documentos permitirá establecer las circunstancias de los hechos denunciados e identificar, si corresponde, posibles responsabilidades disciplinarias.
¿Qué sigue en el proceso?
Por ahora, las actuaciones se encuentran en una fase preliminar. La finalidad es recopilar información, verificar las denuncias y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia investigaciones disciplinarias formales.
La apertura de estas indagaciones no constituye una declaración de culpabilidad ni demuestra, por sí misma, que se hayan cometido irregularidades. Corresponderá a las autoridades competentes evaluar las pruebas y establecer si hubo incumplimientos de la normativa en el manejo de los recursos públicos del archipiélago.
