A menos de 70 días para que entre en vigencia la nueva reforma pensional en Colombia, la Procuraduría General de la Nación le dio un espaldarazo clave a la Ley 2381 de 2024. A través del concepto 7433, el organismo pidió a la Corte Constitucional declarar su exequibilidad, es decir, que la ley no va en contra de la Constitución y puede implementarse como fue aprobada en el Congreso. Este respaldo no solo es jurídico, sino también social.
Uno de los puntos más relevantes que destacó la Procuraduría es la inclusión de más de tres millones de adultos mayores en pobreza extrema que, por primera vez, tendrán un ingreso mensual gracias al pilar solidario. La renta básica será de $223.000 para quienes nunca lograron cotizar lo suficiente o simplemente quedaron por fuera del sistema. Esto, según el Ministerio del Trabajo, representa un cambio estructural con enfoque de equidad.
El movimiento ya comenzó: más de 66.000 personas se han trasladado entre regímenes pensionales, y de ese total, alrededor de 40.000 han pasado de fondos privados a Colpensiones. Esta migración masiva ha generado incertidumbre entre usuarios y expertos, pues si la Corte tumba la ley, podrían presentarse reclamos judiciales por derechos adquiridos bajo una norma luego derogada. La Procuraduría ya alertó sobre ese posible escenario de litigios complejos.
La reforma reorganiza el sistema en cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario. La gran transformación está en que Colpensiones asumirá el manejo del ahorro hasta 2,3 salarios mínimos, mientras que lo que supere ese monto irá a fondos privados. Con esto, la entidad pasará de administrar 6,7 millones de usuarios a casi 25 millones, un salto que pone a prueba su capacidad operativa.
Desde Colpensiones aseguran que están listos para el reto. Su presidente, Jaime Dussán, dijo que la entidad ha modernizado sus plataformas y canales de atención para recibir a millones de nuevos afiliados a partir del 1 de julio. Además, se están firmando convenios tecnológicos y contratos para garantizar la transición sin colapsos. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema sigue dependiendo de una gran incógnita: el nivel real de cotización.
Hoy, más de 11 millones de trabajadores no aportan al sistema pensional. Es una brecha que, si no se corrige, puede comprometer la estabilidad a largo plazo del nuevo modelo. Por eso, aunque la Procuraduría respalda la reforma y reconoce su importancia, también recuerda que el país necesita seguir avanzando en otras reformas estructurales que garanticen un sistema justo, eficiente y realmente universal.
