El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas para modernizar el régimen de concesiones portuarias en Colombia, con el objetivo de fortalecer la competitividad, atraer inversión privada, mejorar la infraestructura logística y facilitar el comercio internacional. El anuncio se realizó durante un acto en el puerto de Cartagena, donde se destacó la importancia de esta terminal para la economía nacional.
El decreto de Modernización Portuaria busca actualizar las normas que regulan la actividad del sector y responder a los desafíos actuales en materia de tecnología, transporte, conectividad y sostenibilidad. La iniciativa contempla cambios en las condiciones de inversión, mayor transparencia en los trámites y garantías jurídicas para los empresarios.
Durante su intervención, el presidente resaltó el papel del Grupo Puerto de Cartagena en la conexión de Colombia con los mercados internacionales. Según las cifras presentadas, esta organización tiene conexiones con 840 puertos en 150 países y atiende a más de 5.600 importadores y exportadores. Además, por sus terminales circula el 52 % de las exportaciones y el 30 % de las importaciones colombianas transportadas en contenedores.
El mandatario también destacó el impacto económico y laboral de la actividad portuaria. De acuerdo con el informe de gestión mencionado durante el evento, más de 5.000 personas están vinculadas a la operación y existen más de 4.300 proveedores colombianos. Asimismo, durante la temporada de cruceros 2025-2026, Cartagena recibió 175 recaladas y cerca de 477.000 visitantes, quienes dejaron aproximadamente 60 millones de dólares en la ciudad.
Nuevas reglas para impulsar la inversión portuaria
Entre las principales disposiciones del decreto se encuentra la posibilidad de evaluar inversiones que no alcancen a recuperarse antes del vencimiento de una concesión. Cuando falten cinco años o menos para finalizar el contrato, los concesionarios podrán presentar proyectos para su evaluación por parte de la entidad competente. Si son aprobados, podrá reconocerse el valor residual no recuperado, de acuerdo con la regulación aplicable.
La medida busca evitar que las empresas suspendan las inversiones necesarias para mantener la competitividad de las terminales por la proximidad del vencimiento de sus contratos. Sin embargo, los proyectos deberán demostrar su viabilidad técnica, económica, social y ambiental.
Otra de las modificaciones permitirá incorporar inversiones en infraestructura relacionada con los accesos marítimos y fluviales, conexiones ferroviarias, carreteras e instalaciones logísticas. Con ello, se pretende mejorar la articulación entre los puertos y los centros de producción del país.
El Gobierno también destacó la necesidad de fortalecer la intermodalidad del transporte mediante una mayor integración de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales, especialmente el río Magdalena, con el propósito de reducir costos logísticos y mejorar las condiciones de los productos colombianos en los mercados internacionales.
Seguridad jurídica y transparencia en las concesiones
El nuevo régimen busca brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas, mediante el cumplimiento de los contratos y el respeto de los compromisos adquiridos por el Estado. El presidente señaló que la inversión privada es fundamental para desarrollar infraestructura, generar empleo y ampliar las oportunidades económicas del país.
En materia de transparencia, el decreto contempla la creación de un registro único de concesiones portuarias que permitirá centralizar la información sobre puertos, muelles y embarcaderos. La herramienta facilitará el seguimiento de los trámites, desde las solicitudes iniciales hasta la finalización y liquidación de los contratos, además de promover la digitalización de los procedimientos.
La normativa también contempla la posibilidad de incluir proyectos dirigidos a las comunidades cercanas a las terminales, como programas de formación, infraestructura comunitaria, iniciativas productivas y apoyo a la pesca artesanal, siempre que estén directamente relacionados con la actividad portuaria y cumplan los requisitos establecidos.
Sostenibilidad y continuidad de las operaciones
El decreto permitirá incorporar inversiones adicionales en electrificación de muelles, eficiencia energética, fuentes no convencionales de energía, combustibles marítimos de menores emisiones, economía circular y protección de la biodiversidad. Estas iniciativas deberán complementar, y no sustituir, las obligaciones ambientales existentes de los concesionarios.
Asimismo, se establecen disposiciones relacionadas con la terminación de las concesiones y la entrega de los activos a la Nación. Los bienes deberán encontrarse en condiciones adecuadas de conservación y funcionamiento, con inventarios y avalúos que permitan verificar su estado. También se busca garantizar la continuidad de las operaciones para evitar afectaciones a los exportadores y al comercio.
Finalmente, el Gobierno reiteró que la modernización portuaria será una de sus prioridades para fortalecer la capacidad exportadora de Colombia. La apuesta contempla mejorar la infraestructura, reducir los costos de transporte, facilitar la inversión y aprovechar la ubicación geográfica del país para ampliar su participación en las grandes rutas comerciales del mundo.
