En Bogotá, el edificio destinado para el Museo de la Memoria se ha convertido en un elefante gris de orejas puntiagudas. A pesar de que debió ser entregado en octubre de 2022, hoy luce abandonado y sin un destino claro. Situado en la intersección de la calle 26 con América, cerca del Consejo de Bogotá y entidades administrativas clave, este emblemático proyecto lleva cerca de dos años incumpliendo su promesa de honrar a las víctimas de la violencia.
El edil de Suba, Andrés Córtes, ha hecho eco de la preocupación ciudadana a través de sus redes sociales. Asegura que la Agencia Nacional Inmobiliaria, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el contratista responsable del proyecto han gastado más de 44.000 millones de pesos sin dar señales claras de cuándo se concluirá este monumento a la memoria. Esta demora no solo refleja una falta de compromiso con la historia y las víctimas, sino también una gestión ineficiente de recursos públicos.
El Museo de la Memoria fue concebido como un símbolo de reconciliación tras el acuerdo entre el Gobierno y las Farc en 2016. Prometido como parte de las medidas de reparación para las víctimas del conflicto armado, su retraso evidencia una deuda pendiente con la verdad histórica y la memoria colectiva del país. La comunidad y organizaciones civiles exigen respuestas concretas y acciones inmediatas para concluir este proyecto vital.
La Secretaría de Planeación y otras entidades administrativas implicadas han sido señaladas por su falta de vigilancia y supervisión sobre el avance del Museo. Este abandono no solo afecta la imagen de la ciudad, sino que también representa una afrenta a los derechos de las víctimas y sus familias, quienes esperan un espacio para conmemorar y reflexionar sobre el pasado doloroso de Colombia.
A pesar de las múltiples promesas y la asignación de recursos millonarios, el Museo de la Memoria en Bogotá continúa siendo un símbolo de la ineficiencia burocrática y la falta de compromiso estatal. Mientras tanto, la sociedad civil sigue vigilante y exige que se respeten los plazos y presupuestos comprometidos para honrar adecuadamente la memoria de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado en Colombia.
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