Persisten las denuncias y cuestionamientos por los retrasos en la construcción de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba, una obra clave para la seguridad en el noroccidente de la capital que debía ser entregada en enero de este año, pero que a la fecha solo alcanza un avance cercano al 40%.
De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Seguridad, el proyecto ha requerido ajustes técnicos y financieros que obligaron a replantear los tiempos de ejecución. La entidad confirmó la aprobación de 3.600 millones de pesos adicionales, así como la prórroga del contrato, con el objetivo de garantizar la culminación de la infraestructura en diciembre de 2026.
Según el Distrito, estas decisiones obedecen a mayores cantidades de obra, la inclusión de ítems no previstos inicialmente y la necesidad de actualizar los costos mediante fórmulas de reajuste. No obstante, desde el Concejo de Bogotá han surgido fuertes críticas frente al manejo del proyecto.
La concejal Diana Diago cuestiona el avance de la obra
La concejal Diana Diago denunció que el avance actual representa un retraso cercano al 60% frente al cronograma inicial, y cuestionó que, pese a este panorama, se haya aprobado una adición presupuestal millonaria junto con una nueva ampliación del plazo contractual.
“La obra apenas llega al 40% de ejecución, lo que evidencia posibles fallas en la planeación, problemas en los estudios y diseños, así como falta de control en la ejecución”, advirtió la cabildante, quien pidió mayor vigilancia sobre el desarrollo del proyecto.
Por su parte, la administración distrital ha defendido las modificaciones contractuales, asegurando que son necesarias para evitar mayores contratiempos y garantizar que la URI de Suba entre en funcionamiento en condiciones óptimas.
Residentes también expresan preocupación
Entre tanto, habitantes de sectores como la UPZ Suba Centro, así como residentes de localidades cercanas como Usaquén, expresan su preocupación por la demora. Señalan que la puesta en marcha de esta infraestructura permitirá mejorar el acceso a la justicia y facilitar la denuncia de delitos, evitando desplazamientos hasta la URI de Paloquemao.
A estas críticas se suman voces de la comunidad. Algunos residentes de Suba y Usaquén han manifestado su inconformidad, señalando que los ediles de ambas localidades no estarían ejerciendo un control político efectivo sobre la obra. Según denuncian, la falta de seguimiento por parte de estas corporaciones ha contribuido a que el proyecto avance sin la vigilancia necesaria.
La comunidad insiste en la urgencia de acelerar las obras, en medio de un contexto de creciente percepción de inseguridad en la zona, mientras los entes de control podrían entrar a revisar el desarrollo del contrato y el uso de los recursos públicos.
