En un reciente debate sobre el uso del espacio público en Bogotá, el asesor jurídico de Suba Alternativa destacó la complejidad del problema de la ocupación del espacio público. Aunque muchos parques han sido recuperados, aún persisten desafíos significativos. En localidades como Suba, la ocupación ilegal de andenes por basuras y vendedores informales está causando problemas tanto en la movilidad peatonal como en el tráfico urbano. Esta situación resalta la necesidad urgente de abordar cómo se regula el uso del espacio público.
La ley colombiana prohíbe explícitamente la ocupación del espacio público para actividades comerciales privadas. Esta normativa permite a la Policía Nacional incautar equipos y vehículos utilizados por los vendedores informales. Sin embargo, el vacío regulatorio persiste, especialmente en comparación con otros países como Estados Unidos, donde se otorgan licencias para la venta ambulante bajo estrictas regulaciones para proteger la salud pública y garantizar el orden.
El asesor jurídico también abordó los riesgos asociados con la venta informal en la vía pública. Las prácticas de venta en espacios no regulados pueden comprometer la salubridad debido a la preparación de alimentos sin los estándares de higiene adecuados. Además, el uso de materiales peligrosos como gas y gasolina para cocinar en la vía pública incrementa el riesgo de accidentes. Por estas razones, la regulación y no la prohibición total es vista como una solución más viable.
La controversia se agudiza cuando se considera la dificultad que enfrentan los vendedores informales para encontrar espacios comerciales adecuados. Según el asesor, muchas veces los espacios ofrecidos por las autoridades no son viables para el comercio debido a su falta de visibilidad y flujo de peatones. Esto impulsa a los vendedores a regresar a las calles principales, perpetuando el ciclo de ocupación ilegal del espacio público.
Una posible solución propuesta es la integración de los vendedores informales en áreas comerciales específicas, como las estaciones de metro o Transmilenio, donde el flujo de personas puede garantizar una mayor visibilidad y viabilidad económica. Esta estrategia permitiría regular la ocupación del espacio público de manera que se beneficie tanto a los vendedores como a los consumidores, creando un entorno más ordenado y seguro.
Finalmente, el asesor hizo un llamado a abordar el problema desde una perspectiva más amplia, considerando la generación de oportunidades económicas formales y la creación de políticas que integren a los vendedores informales de manera efectiva. Reconoció que la migración y la falta de oportunidades económicas son factores clave en la proliferación de la venta informal, y que es esencial desarrollar soluciones integrales para lograr un equilibrio entre la regulación del espacio público y la necesidad de ingresos para muchos ciudadanos.
