La concejal de Bogotá Diana Diago denunció un presunto carrusel de contratación en los programas de protección y bienestar animal ejecutados por varias alcaldías locales de la capital, entre ellas Suba, donde se habrían concentrado millonarios recursos públicos en manos de los mismos contratistas.
Según la cabildante, una revisión a los contratos adjudicados durante 2025 y 2026 permitió identificar que la empresa IMPECOS S.A.S. obtuvo contratos en localidades como Suba, Usme, Santa Fe, Ciudad Bolívar y La Candelaria, sumando más de 5.035 millones de pesos destinados a iniciativas de protección animal.
La denuncia también se sustenta en auditorías previas realizadas por la Secretaría Distrital de Gobierno, las cuales habrían advertido posibles irregularidades en procesos de contratación donde participaron IMPECOS S.A.S. y la Fundación ECODES.
De acuerdo con los informes, ambas organizaciones utilizaron los mismos centros médicos veterinarios para acreditar experiencia y capacidad operativa en distintas convocatorias. Además, las auditorías señalaron que las dos entidades registraron el mismo número telefónico de contacto en las pólizas de seriedad de sus ofertas, pese a presentarse como proponentes independientes y competidores en los procesos contractuales.
“Las coincidencias encontradas no pueden considerarse hechos aislados. Estamos hablando de organizaciones que aparecen compitiendo entre sí en múltiples procesos de contratación, pero que comparten información y recursos que deberían ser completamente independientes”, afirmó la concejal Diana Diago.
La cabildante citó como ejemplo el caso de Bosa, donde un contrato superior a los 2.040 millones de pesos fue adjudicado al Consorcio Bosa PYBA 2025, integrado por IMPECOS S.A.S., mientras que la propuesta competidora fue presentada por la Fundación ECODES. Una situación similar, según explicó, ocurrió en Puente Aranda, donde un contrato por más de 563 millones de pesos fue adjudicado a un consorcio integrado por la Fundación ECODES, que compitió nuevamente contra IMPECOS S.A.S.
Para Diago, la repetición de estos hechos en diferentes localidades constituye una alerta sobre la posible existencia de acuerdos previos entre proponentes para repartirse la contratación pública relacionada con los programas de protección animal.
“Lo que encontramos apunta a un presunto carrusel de contratación en el que los mismos contratistas aparecen una y otra vez disputándose recursos públicos destinados a una causa legítima y necesaria para la ciudad. La protección animal no puede convertirse en un negocio para unos pocos ni en una fachada para prácticas que afecten la transparencia de la contratación pública”, señaló.
Ante la situación, la concejal solicitó a la Secretaría Distrital de Gobierno, la Personería de Bogotá y la Contraloría Distrital revisar los antecedentes identificados en las auditorías y determinar si existieron posibles vulneraciones a los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva.
Finalmente, Diago enfatizó que los recursos destinados a la atención y protección de los animales deben ejecutarse bajo criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad, garantizando el cumplimiento de la política pública de bienestar animal en la ciudad.
Fuente: Oficina de Prensa Diana Diago
