El pasado 10 de marzo de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) lideró un operativo de control ambiental en el barrio Gloria Lara de Echeverría, ubicado en la localidad de Suba.
En el operativo, se procedió al sellamiento temporal de un negocio de parqueadero que había rellenado un terreno con residuos de construcción y demolición (RCD) sin contar con los permisos necesarios. Este acto violó las normativas ambientales de la ciudad y puso en peligro el entorno natural de la zona.
El predio, ubicado en la calle 131b No. 94f-11, fue inspeccionado por funcionarios de la SDA, quienes, junto con la Alcaldía Local de Suba, confirmaron que se había realizado una adecuación y nivelación del terreno de forma ilegal.
El uso de los residuos de construcción y demolición no solo es una práctica no autorizada, sino que además puede generar daños graves al suelo y a la vegetación circundante, algo que fue confirmado en el informe preliminar.
El impacto ambiental de esta actividad fue inmediato. Se reportaron afectaciones sobre el suelo y la vegetación local, así como problemas de emisiones contaminantes. Lo más preocupante, según los expertos, es el potencial riesgo de daño a la salud de los niños que asisten al colegio y al jardín infantil cercanos al lugar, ya que los contaminantes pueden afectar su bienestar, especialmente a la primera infancia.
Este acto incumple lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2811 de 1974, que prohíbe la descarga de residuos sin autorización, así como cualquier actividad que pueda deteriorar el suelo o causar daño a la comunidad. Las autoridades ambientales señalaron que estas prácticas no solo afectan el ecosistema, sino también la calidad de vida de los habitantes cercanos, quienes pueden verse perjudicados por la contaminación del aire y el suelo.
El operativo llevado a cabo por la SDA subraya el compromiso del Distrito de Bogotá con la protección del medio ambiente y la seguridad de sus ciudadanos. En el marco de la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la Secretaría busca asegurar que las actividades urbanísticas se realicen dentro del marco legal, respetando siempre los derechos ambientales y evitando que acciones irresponsables pongan en riesgo el entorno.
La Alcaldía de Suba, por su parte, manifestó que se continuará con la vigilancia y el seguimiento de este tipo de incidentes para evitar que se repitan. El predio permanecerá sellado mientras se adelantan las investigaciones correspondientes y se determina la responsabilidad del propietario del establecimiento en relación con los daños causados.
