Al cumplirse esta semana un año en que el gobierno del presidente Iván Duque Márquez recibió una primera donación del Banco Mundial por US$ 31.5 millones mediante el Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF) para contribuir con los esfuerzos de Colombia destinados a facilitar el acceso a servicios sociales básicos para los migrantes y refugiados de Venezuela, la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, reclamó del gobierno nacional el traslado presupuestal para atender las necesidades de los cerca de 450 mil migrantes venezolanos que residen en la Capital de la República.
Según dijo la mandataria distrital durante el informe público que presentó sobre los primeros 100 días de su administración, con los impuestos que paga la ciudad, Bogotá cubre los gastos para atender los nacimientos de niños venezolanos en la Capital, la educación gratuita, la salud, la alimentación de 26.000 niños hijos de migrantes de Venezuela, mientras la ciudad les da empleo.
Enfatizó además que por impedimento legal y financiero, no puede también asumir de los impuestos que pagan los bogotanos, el pago de los arriendos que adeudan los venezolanos. ¡Qué pena no poder hacerlo! Expresó la mandataria.
La alcaldesa mayor resaltó además que esta comunidad de inmigrantes está siendo desalojada de sus lugares de residencia, y que en Bogotá no podemos seguir “sin que pidamos ayuda del gobierno nacional para que ponga los recursos económicos necesarios en este periodo de cuarentena”, destinados a resolver la comida y los desalojos a los que están siendo sometidas las cerca de 100 mil familias venezolanas residentes en la ciudad, por no poder pagar el alquiler de su vivienda.
López agregó que por indicaciones del gobierno nacional, es el consejero presidencial para la migración, Felipe Muñoz, y no Migración Colombia, el encargado, junto con ACNUR y Cooperación Internacional de suministrar más mercados, pero que igualmente el gobierno advirtió no tener los recursos para cubrir el arrendamiento y solo recomendó que en Bogotá “usemos el decreto que dice que no se puede expulsar a la gente”.
Es por esta razón que a las familias venezolanas desalojadas en las localidades de Santa Fe, Mártires o Barrios Unidos, la administración distrital, con el apoyo de la policía y los gestores de convivencia, las ha devuelto a sus viviendas y en algunos casos han arrestado a quienes los estaban expulsando, explicó la mandataria al enfatizar que ni siquiera a los colombianos se les está pagando el arriendo, menos aún se puede pagar el de los venezolanos.
Por esta razón, la alcaldesa fue reiterativa en pedir la ayuda del gobierno nacional, “porque todas estas cosas las están pagando desde hace tres años a 450 mil personas de Venezuela, con los impuestos de los bogotanos, sin chistar” y respondió además que no se trata de xenofobia sino que la administración distrital ha destinado de su presupuesto la atención a los migrantes sin que el gobierno nacional se manifieste de la misma manera.
De otra parte, ante la tensa relación que perciben los ciudadanos entre los gobiernos, nacional y distrital, por cuenta de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de coronavirus, se requiere claridad sobre el apoyo presupuestario que el Banco Mundial viene dando a Colombia desde el año pasado a través del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF) que es parte de una operación de políticas de desarrollo por US$750 millones para contribuir con la sostenibilidad fiscal, la competitividad y la migración en Colombia y para regularizar el estatus migratorio de los venezolanos en nuestro país.
Cerca de dos millones de migrantes y refugiados venezolanos que viven en Colombia elevan la presión sobre la economía y los servicios sociales colombiano, especialmente ahora en la coyuntura de la pandemia global que amenaza a toda la nación. Según el Banco Mundial, para finales del primer trimestre de 2019, acoger a los migrantes, excluyendo la infraestructura y las instalaciones, se estimaba en cerca del 0.4% del Producto Interno Bruto, lo que representa “un desafío humanitario y de desarrollo sin precedentes para la región”.
Y aunque el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, haya agradecido a mediados de abril del año pasado la decisión del Banco Mundial de donarle a Colombia los US$ 31.5 millones para “financiar el significativo esfuerzo fiscal” del país con el fin de acoger a nuestros vecinos, Colombia no conoce una rendición de cuentas de parte del gobierno sobre lo que ha hecho con esos recursos y, más necesario aún saberlo, cuando Bogotá ha acogido alrededor de una tercera parte de la migración venezolana, sin que la administración Duque, comprometida con el cerco diplomático contra el régimen de Maduro, traslade al menos una tercera parte de lo entregado por el Banco Mundial para esa ayuda.
Noticia escrita por: Raúl Benitez Ortega-Emisora Suba Alternativa
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