En una sesión reciente de la Junta Administradora Local de Suba, los ediles expresaron de manera unánime su indignación por los retrasos en la construcción de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad, una obra clave para la seguridad y el acceso a la justicia en el territorio.
La edilesa Lina Vela cuestionó la falta de planificación que mantiene a la comunidad sin una URI operativa y señaló que no es aceptable que, después de años de estudios, licencias y contratos, se sigan presentando fallas estructurales que retrasan un proyecto esencial. “Suba no puede seguir pagando las consecuencias de errores técnicos y contractuales que debieron preverse desde el inicio”, afirmó.
Por su parte, el edil Andrés Cortés alertó sobre la baja ejecución física y financiera del proyecto, indicando que los avances reportados no corresponden con los plazos ni con la urgencia que exige la seguridad en la localidad. Cortés insistió en la necesidad de cronogramas reales, responsables claros y transparencia, especialmente ante actividades no previstas que podrían generar sobrecostos.
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el contrato registra apenas un 37 % de ejecución física y 34 % de ejecución financiera, a pesar de que el plazo inicial ya venció y se han otorgado prórrogas adicionales.
Problemas estructurales y nuevos costos
Durante la sesión técnica, los ediles conocieron hallazgos preocupantes como deficiencias en la resistencia del concreto de columnas y condiciones imprevistas del suelo, que obligaron a rediseños, construcción de micropilotes y nuevas actividades no contempladas inicialmente. Estas situaciones generan incertidumbre sobre los tiempos de entrega y los costos finales del proyecto.
Los ediles coincidieron en que los retrasos afectan directamente la seguridad ciudadana y el funcionamiento del sistema judicial, al impedir que la URI entre en operación y brinde atención a personas privadas de la libertad en Suba, una de las localidades más pobladas de Bogotá.
Asimismo, recordaron que la URI es un elemento estratégico para la descentralización de la justicia y la seguridad, por lo que su demora impacta no solo a la comunidad sino también al trabajo de las autoridades judiciales y policiales en el territorio.
Los representantes locales exigieron a la Administración Distrital respuestas claras, un plan de acción verificable y compromisos concretos, anunciando que la Junta Administradora Local ejercerá seguimiento riguroso y permanente hasta que la obra esté concluida y operativa.
Un llamado a la acción y a la transparencia
“La seguridad de Suba no admite más dilaciones. Esta obra debe concluirse con responsabilidad, transparencia y respeto por la comunidad”, concluyeron los ediles, reiterando la necesidad de que las autoridades distritales den garantías sobre tiempos de entrega y costos finales.
Los ediles aseguraron que seguirán de cerca cada etapa del proyecto, denunciando retrasos y exigiendo que se cumplan los compromisos, para que la URI se convierta en un instrumento efectivo de justicia y protección para los habitantes de Suba.
