La ejecución y supervisión de los proyectos sociales y de infraestructura en la localidad de Suba están bajo la lupa. La edilesa Lina María Vela abordó en una reciente entrevista con Suba Alternativa las preocupaciones ciudadanas sobre la transparencia, el cumplimiento de pagos a beneficiarios y las demoras en las obras, defendiendo a su vez el rol de la Junta Administradora Local (JAL) en el control político.
El Reto de la Veeduría Ciudadana y Edilicia
Vela reconoció que la transparencia es un tema «con tanto de largo como de ancho» en la localidad, pero destacó el avance en la participación activa de la ciudadanía, que cada vez está más preparada para la veeduría.
No obstante, la edilesa admitió que la JAL se encuentra desbordada por la cantidad de contratos. Con solo 11 ediles, la corporación se ve obligada a priorizar el seguimiento a aquellos proyectos que han sido reportados por la comunidad como irregulares.
«Nosotros le hacemos seguimiento, veeduría, propuestas a la ciudadanía, propuestas para la localidad, escenarios de control político, pero nosotros y nosotras, como ediles y edilesas, no podemos coadministrar. Eso sería un delito,» aclaró Vela, desmintiendo la idea de que la JAL sea responsable directa de la ejecución presupuestal.
Debate Central: ¿Control Político Tarde o a Tiempo?
Uno de los puntos más álgidos fue la crítica sobre por qué el control político se realiza cuando los proyectos están en fase avanzada o finalizando, y no desde su inicio.
Lina María Vela defendió la metodología de la JAL, explicando que es necesario esperar el avance de la ejecución para determinar si un operador cumplirá o no con sus obligaciones.
«Si son solamente cinco obligaciones abiertas que tienen que empezar a realizar, pues yo sobre las 9 de la mañana no les puedo decir a ustedes si han cumplido o no con las cinco tareas. […] Cuando nos damos cuenta que esto realmente no se va a lograr, sobre las 11 de la noche, cuando decimos, ‘ya ni el tiempo les va a dar’, es allí donde ponemos las alertas», argumentó.
El Caso del Contrato 992 con la Universidad Nacional
Como ejemplo del ejercicio de control político, la edilesa citó el debate realizado recientemente sobre el Contrato 992 – un convenio de más de 2.400 millones de pesos entre el Fondo de Desarrollo Local y la Universidad Nacional. El objetivo era el fortalecimiento de organizaciones con un diplomado de alto impacto.
La alerta se activó al constatar que, de la inversión total:
* Solo el 30% (cerca de 630 millones de pesos) se destinó directamente a la entrega de bienes para fortalecer las organizaciones.
* El contrato, que inicialmente iba hasta el 21 de septiembre, mostraba desafíos en el cumplimiento de las fases del diplomado.
La edilesa afirmó que este debate es una «alerta temprana» que se envía a entidades sancionatorias como la Personería y la Contraloría, buscando la corrección de prácticas.
La JAL Rechaza Falta de Control Político
Frente a la versión de algunos representantes comunales de que los ediles ya no realizan control político, Vela fue enfática al negar la afirmación, señalando que la función de control es inherente a su cargo y que realizó un debate de control político sobre el Contrato 992 tan solo el día anterior a la entrevista.
«Eso es una falacia. […] El ejercicio de control político es inherente al ejercicio de veeduría y de nuestro quehacer como ediles y edilesas,» puntualizó, invitando a la comunidad a conectarse a las sesiones de la JAL para verificar el trabajo que se realiza.
