La Junta Administradora Local (JAL) de Suba ha generado revuelo al adelantar una sesión de control político el pasado martes 30 de mayo de 2024, para investigar presuntas irregularidades y hallazgos fiscales en el contrato de construcción de la Avenida El Rincón en Bogotá. Se estima que la inversión total supera los 220 mil millones de pesos, lo que ha despertado preocupación en la comunidad.
Tanto la Contraloría como la JAL de Suba se han comprometido a dar continuidad a esta investigación, ya que se han reportado afectados por pérdidas económicas derivadas de la construcción. Se están solicitando indemnizaciones que podrían alcanzar hasta los 200 millones de pesos, evidenciando la gravedad de las presuntas irregularidades.
Los habitantes de Suba se encuentran consternados ante las posibles consecuencias de este escándalo, que pone en entredicho la transparencia y legalidad de los procesos de contratación en la región. La incertidumbre y la indignación han crecido entre los afectados, quienes exigen respuestas claras y soluciones concretas por parte de las autoridades involucradas.
La sesión de control político ha sido un punto de inflexión en este caso, evidenciando la importancia de la vigilancia ciudadana y el compromiso de las instituciones públicas con la rendición de cuentas. La transparencia en la gestión de recursos públicos es fundamental para garantizar la confianza de la ciudadanía y prevenir posibles actos de corrupción.
La magnitud de las presuntas irregularidades en el contrato de construcción de la Avenida El Rincón ha generado un debate público sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en los procesos de contratación. La JAL de Suba y la Contraloría deberán actuar con celeridad y rigor para esclarecer los hechos y garantizar la justicia para los afectados, quienes se han puesto a disposición de los afectados para que la investigación no sea archivada.
La situación ha generado una ola de críticas y cuestionamientos hacia las autoridades locales, que deberán responder de manera efectiva y transparente ante las demandas de la comunidad.
La sociedad civil y los organismos de control deben mantenerse vigilantes ante este tipo de casos, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. La lucha contra la corrupción y las prácticas indebidas en la contratación pública es responsabilidad de todos, y solo con el compromiso conjunto se podrá garantizar un manejo adecuado de los recursos del Estado.
Redacción: Jennifer Ardila – Periodista Suba Alternativa
