Estado gana millonaria demanda ambiental y se protege a Caño Cristales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a Colombia y negó la demanda presentada por Hupecol, una importante empresa petrolera estadounidense, a la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le revocó la licencia ambiental.
La compañía pretendía que se declarara la nulidad del acto administrativo expedido por la ANLA, con el que se le impidió desarrollar un proyecto de hidrocarburos en el Bloque Serranía, en un área de especial importancia ecosistémica, ubicada en los municipios de La Macarena, en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, en una zona cercana a Caño Cristales.
Sin embargo, en sentencia del 1° de febrero de 2024, que no fue recurrida por la parte demandante, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, argumentando que la zona en la que se realizaría el proyecto fue declarada de especial importancia ecosistémica y, por lo tanto, cualquier actividad de extracción de hidrocarburos la pondría en riesgo.
“Esta sentencia ratifica que las políticas del Gobierno en materia de protección ambiental y de desescalamiento gradual del modelo extractivista son el camino para enfrentar el cambio climático. Además, evidencia que los intereses económicos no están por encima de los derechos ambientales y de la vida”, afirmó Jhon Camargo, director general (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
“La decisión constituye un precedente favorable para el Estado en materia de protección y conservación del medio ambiente, en particular en este caso del Área de Manejo Especial La Macarena, así como la ratificación del fin preventivo de las licencias ambientales como mecanismo para la garantía del desarrollo sostenible. Además, se evita el pago de una condena de más de 100 mil millones de pesos que se reclamaban como perjuicios”, afirmó Rodrigo Negrete Montes, director general de la ANLA.
La defensa judicial se realizó de forma conjunta entre la ANLA, Cormacarena y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
