La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, enfrentará detención preventiva en un centro carcelario, tras ser señalada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos en el caso de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Durante una audiencia este miércoles 18 de diciembre, una juez determinó que Ortiz permanecerá detenida mientras avanza la investigación por la malversación de 46.800 millones de pesos (más de 10,5 millones de dólares). Estos fondos, destinados a la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua a comunidades en La Guajira, fueron desviados mediante contratos que no cumplían los requisitos técnicos ni legales.
Según las investigaciones preliminares, la trama de corrupción habría involucrado un complejo entramado de funcionarios y contratistas que se beneficiaron de las irregularidades en el manejo de los recursos públicos. En lugar de garantizar el acceso al agua para las comunidades más necesitadas, los dineros terminaron en cuentas personales y en la adquisición de bienes de lujo.
La detención de Ortiz es vista como un paso clave en el esclarecimiento del caso, pero también pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control en la administración pública. Por su parte, los representantes legales de Ortiz han negado las acusaciones, argumentando que no existen pruebas suficientes para sustentar su vinculación directa con los hechos.
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