La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente el exsubdirector técnico de construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), Juan Carlos Montes Fernández, como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El exfuncionario habría utilizado su cargo para intervenir indebidamente en la fase precontractual del contrato de obra número 3817 de 2015, el cual ascendió a 19.000 millones de pesos y tenía por objeto la construcción del parque El Porvenir, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de la ciudad. Esta injerencia supuestamente ilegal también se presentó en el contrato de interventoría 3859 de 2015, cuyo valor superó los 1.160 millones de pesos.
El material de prueba permitió identificar varias posibles anomalías como el favorecimiento de un consorcio específico; deficiencias en los estudios previos, que no fueron ajustados a los precios del mercado ni caracterizaban a la población que se beneficiaría con el proyecto; y desconocimiento de principios definidos en la contratación pública como participación, igualdad y transparencia, entre otros.
En relación con la interventoría técnica y financiera, esta quedó en manos de una Universidad. La Fiscalía estableció que la contratación se hizo mediante un convenio interadministrativo y no se tuvo en cuenta el concurso de méritos.
Los dos contratos materia de investigación definieron un año como plazo de ejecución; sin embargo, las obras se recibieron a satisfacción cuatro años después. Contra Juan Carlos Montes Fernández hay una notificación roja de INTERPOL, en el entendido de que salió del país y es prófugo de la justicia.
