A partir de mañana, el precio del galón de ACPM ha experimentado un ajuste significativo, subiendo $1.904. Esta medida, anunciada por el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, busca contribuir a un ahorro fiscal de 1,6 billones de pesos. La resolución, que entró en vigor este sábado, es parte de un esfuerzo mayor para abordar el déficit fiscal acumulado durante el año.
El ajuste en el precio del ACPM se implementa como una estrategia para aliviar el déficit fiscal que el país ha acumulado, que asciende a 115 billones de pesos. Además, el incremento del precio del ACPM también busca promover la sostenibilidad económica y reducir la carga del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que cubre el 50% del costo que enfrentan los consumidores.
Según los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, este ajuste forma parte de un plan más amplio para manejar el déficit y reducir la dependencia de subsidios a los combustibles fósiles. El comunicado del Gobierno señala que mantener estos subsidios es incompatible con la transición energética y desalienta la descarbonización de la economía. Por ello, se ha decidido un aumento del precio de venta al público, que será de $1.904 por galón.
La resolución también responde a la movilización de los transportadores, quienes protestaron el viernes por el incremento en el precio del diésel. Los camioneros, que enfrentan un aumento de $6.000 por galón dividido en tres cuotas trimestrales, han expresado su preocupación por el impacto que este ajuste tiene en sus finanzas y en la movilidad de los ciudadanos que dependen del transporte.
El ajuste del precio del ACPM se enmarca en un contexto de tensión y movilización, con transportadores que consideran que el incremento afectará negativamente tanto sus costos operativos como la movilidad de las personas. El Gobierno, por su parte, defiende el ajuste como una medida necesaria para avanzar hacia una economía más sostenible y reducir el déficit fiscal.
El ajuste en el precio del ACPM a partir de septiembre refleja un esfuerzo del Gobierno para abordar problemas económicos y fiscales a largo plazo, mientras enfrenta la resistencia de sectores afectados por el incremento. Con un objetivo de ahorro fiscal y una visión de transición energética, la medida busca equilibrar las necesidades económicas con el compromiso hacia una economía más sostenible.
