El Gobierno del presidente Gustavo Petro reafirmó su compromiso con la Transición Energética Justa al garantizar las vigencias futuras que permitirán la continuidad del programa Comunidades Energéticas, una apuesta clave para democratizar el acceso a la energía eléctrica en todo el país. Con esta decisión, el Ejecutivo busca que la transformación del modelo energético no dependa de los ciclos administrativos ni quede sujeta a la incertidumbre presupuestal. En palabras del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, “garantizar las vigencias futuras significa asegurar que la transición energética no se detenga”, un mensaje que resuena en los territorios históricamente marginados.
El Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, inició los trámites necesarios para asegurar los recursos de inversión correspondientes a lo que resta de la vigencia 2025 y a todo el 2026. Este esfuerzo interinstitucional busca dar estabilidad a un programa que ya ha despertado un entusiasmo sin precedentes: más de 18.000 comunidades se postularon en 2024 para participar en la estrategia. Entre ellas, 25 operadores y generadores públicos o mixtos presentaron 686 proyectos, priorizando $935 mil millones en regiones como La Guajira, Chocó, Nariño, Amazonas y Catatumbo, con un impacto directo en cerca de 34.000 familias.
Comunidades Energéticas, pilar de la equidad territorial
La magnitud de esta apuesta refleja no solo una política pública, sino una visión de país. Para el Gobierno, las Comunidades Energéticas no son un proyecto técnico, sino una expresión de justicia territorial, una herramienta de dignidad y autonomía para los pueblos que por décadas han vivido a oscuras, literal y simbólicamente. “Colombia Solar continuará llegando a las veredas, escuelas y centros de salud, llevando energía limpia y dignidad a los territorios olvidados”, afirmó Palma Egea.
Además del componente de inversión, el Ministerio de Minas y Energía destinó $27 mil millones adicionales para la estructuración de 183 nuevos proyectos, en alianza con universidades públicas. Esta articulación con la academia no solo fortalece la capacidad técnica de las regiones, sino que también asegura que la transición energética tenga rostro local, conocimiento propio y pertinencia social. De esta manera, el Gobierno del Cambio busca que el desarrollo energético no dependa exclusivamente de grandes capitales, sino del poder organizativo y productivo de las comunidades.
Finalmente, la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio avanza en la concertación de los cronogramas de ejecución de obra con los operadores de red y generadores públicos, con el objetivo de iniciar las construcciones este mismo año y culminarlas antes del cierre del actual mandato. Con estas acciones, el Gobierno consolida a las Comunidades Energéticas como el corazón de una transición energética popular, descentralizada y sostenible. La política Colombia Solar se fortalece así como un símbolo del cambio estructural que busca colocar a las personas y a los territorios en el centro del desarrollo nacional.
