El Gobierno nacional, a través del Decreto 1600 de 2024, introdujo cambios en la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Moralización y sus subcomisiones técnicas.
Estas modificaciones buscan establecer una estrategia territorial que refuerce el control social, fomente la participación ciudadana y promueva la formación de auditorías forenses en Colombia.
La norma modifica los capítulos 1 y 3 del Título 4, Parte 1, Libro 2 del Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015, perteneciente al sector Presidencia de la República.
Con ello, se fortalece la lucha contra la corrupción mediante la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
Además, el decreto define los fines esenciales del Estado, reorganiza la función administrativa y adopta un enfoque sectorial para promover la transparencia y la participación ciudadana en los territorios.
Fundamentos
La medida tiene un carácter normativo, se fundamenta en la Constitución Política y se basa en la experiencia acumulada en la lucha contra la corrupción en Colombia. Asimismo, se apoya en las leyes 1474 de 2011, 2195 de 2022 y 2294 de 2023.
El decreto también hace referencia a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada mediante la Ley 970 de 2005, que insta a los Estados a implementar medidas efectivas para prevenir, detectar, gestionar y sancionar actos de corrupción. Adicionalmente, se toma en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a prevenir, investigar y sancionar violaciones de derechos humanos relacionadas con la corrupción.
Principales cambios
Con base en estos fundamentos, el Decreto 1600 de 2024? crea la Subcomisión Técnica para la Prevención de la Corrupción, la Subcomisión Técnica para la Detección y Sanción de Hechos de Corrupción, y redefine la composición y funciones de las Comisiones Regionales de Moralización.
Además, se introduce la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción (Renoba) y se establece un estándar de debida diligencia para la investigación y sanción de presuntos actos de corrupción.
Con la entrada en vigor de esta normativa, el Gobierno espera que las modificaciones introducidas en la Comisión Nacional de Moralización y las Comisiones Regionales de Moralización, así como la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, contribuyan significativamente a la prevención, detección, gestión y sanción de riesgos y hechos de corrupción en el país.
