El gobierno nacional junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dieron un paso decisivo al reglamentar la Ley 2173 de 2021, conocida como la Ley de Áreas de Vida, con la que busca fortalecer la restauración ecológica y sembrar una nueva conciencia ambiental en el país. La resolución, que da cumplimiento a una orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no se queda en el papel: incorpora criterios técnicos, jurídicos y participativos para que las Áreas de Vida sean mucho más que zonas verdes, convirtiéndose en verdaderos espacios de restauración y conservación ecológica a lo largo y ancho del territorio nacional.
Pero el Ministerio ha dejado claro que restaurar no es solo sembrar árboles. La reglamentación precisa que cada proceso deberá incluir mantenimiento, monitoreo y seguimiento durante los dos primeros años, garantizando la supervivencia del material vegetal y el crecimiento sostenible de los nuevos bosques. En otras palabras, no se trata de campañas simbólicas ni de fotos para redes sociales, sino de un compromiso ambiental con sustancia, que involucra a las empresas, las autoridades y las comunidades en la consolidación de ecosistemas saludables y duraderos.
La Justicia Ambiental Echa Raíces: Nuevas Medidas de Siembra y Control Ciudadano.
En esta nueva etapa, las empresas medianas y grandes tendrán la tarea de implementar programas de siembra con los componentes técnicos definidos por el Ministerio, mientras que las autoridades ambientales y municipales deberán articular esfuerzos para su gestión, control y supervisión. Las Áreas de Vida se priorizarán en ecosistemas estratégicos —páramos, humedales, manglares y bosques secos tropicales—, donde la urgencia de recuperar zonas degradadas es más evidente. Toda esta información será registrada en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA), garantizando transparencia, trazabilidad y un control ciudadano más riguroso sobre los compromisos ambientales.
La participación de la gente será otro eje clave de esta reglamentación. A través de los certificados “Siembra Vida Buen Ciudadano” y “Siembra Vida Empresarial”, el Gobierno reconocerá el esfuerzo individual y colectivo en la restauración del país, sumando también la voz de las comunidades indígenas, que participarán en la identificación y manejo de las Áreas de Vida según sus saberes y principios de autodeterminación. Con esta medida, el Ejecutivo busca alinear sus acciones con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, el Plan Nacional de Restauración Ecológica (2015) y los compromisos internacionales de la COP15, reafirmando su apuesta por una justicia ambiental real, con raíces profundas y una ciudadanía que entienda que cuidar el territorio es cuidar la vida misma.
