El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, anunció este jueves en Medellín, durante el acto de rendición de cuentas del despacho que lidera, que a la fecha hay disponibles 2.479 cupos para que mujeres jefes de hogar que cometieron un delito en contexto de marginalidad, condenadas por estupefacientes o hurto y cuya condena no supere los ocho años, puedan solicitar una pena sustitutiva para que en lugar de ir a prisión cumplan con servicios comunitarios, tal como lo establece la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023).
En el acto, un emotivo conversatorio que se desarrolló en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia bajo la metodología de ‘Café del Mundo’, participaron Sandra Milena Agudelo, primera mujer de Antioquia en cumplir su pena a través de esta medida de alternatividad penal; la jueza Tercera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, Mónica Londoño; Luisa Cano, profesora de la Universidad de Antioquia y miembro de la Comisión Asesora de Política Criminal; y Eduardo Tisnés, oficial coordinador de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Este servicio busca que la sociedad reciba un beneficio a cambio del esfuerzo de estas mujeres, y que ellas, a su vez, puedan reintegrarse a sus hogares y reconstruir las relaciones con sus seres queridos para tener una mejor oportunidad de vida», afirmó el viceministro Umaña, quien añadió que implementar y echar a andar una medida de esta naturaleza ha representado un enorme desafío, ya que le propone al país salir del punitivismo para entrar en una fase de restauración.
El alto funcionario agradeció el apoyo y colaboración de diversas fundaciones y entidades nacionales y de organismos multilaterales, y manifestó que aproximadamente 4.500 de las cerca de 17.000 mujeres privadas de la libertad en el país podrían optar por esta medida alternativa. Al tiempo, destacó dos aspectos puntuales: que a la fecha se ha presentado 0% de reincidencia y que Antioquia es el departamento que más ha avanzado con esta medida, con 18 mujeres ejecutando en libertad servicios de utilidad pública.
“Hemos tenido un intercambio maravilloso con los jueces de ejecución de penas, que han abierto sus puertas para que en el marco del respeto a la autonomía judicial podamos pensar cómo implementar mejor esta medida», recordó Umaña Hernández, quien confirmó que a la fecha hay sin resolver más de 2.000 solicitudes presentadas a los jueces de ejecución, y que son 73 las decisiones favorables, es decir, que los jueces han otorgado a este número de mujeres la posibilidad de hacer trabajo social o comunitario en lugar de ir a prisión.
Además, indicó que gracias a un esfuerzo institucional liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho dos mujeres ya pagaron la totalidad de su pena con los servicios de utilidad pública: una en Armenia y otra en Barbosa (Antioquia). “Sin embargo, queremos propiciar una política pública de humanización, una política criminal que esté a la altura de un Estado Social de Derecho», puntualizó.
Por su parte Sandra Milena Agudelo, primera mujer de Antioquia en cumplir su pena a través de la Ley de Utilidad Pública, afirmó que el mayor reto que enfrenta hoy es volver a empezar, reintegrarse a la sociedad y vencer el miedo al rechazo.
“En mi municipio, Barbosa, la alcaldía me dio la posibilidad de manejar el archivo de la comisaría de familia. Aprendí cosas nuevas y todos me acogieron muy bien. Solo tengo agradecimiento con esta ley… la oportunidad que nos están dando es el mejor regalo que podemos recibir», aseguró al manifestar que la medida permite a muchas mujeres estar con sus familias, desarrollar proyectos de trabajo y estudio y redimir pena de manera favorable.
Cabe anotar que en Colombia hay 16 fundaciones y entidades públicas sin ánimo de lucro y seis territoriales que ofrecen cupos para el servicio comunitario.
Eduardo Tisnés, oficial coordinador de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la CICAD-OEA, afirmó que el éxito de la ley no se puede medir por el número de beneficiarias, sino por la transformación individual que la norma representa para ellas. “Una sola mujer que regrese a su hogar y a su familia, que ingrese a una ruta de apoyo sicosocial y que además de resarcir a la sociedad a través del servicio de utilidad pública adquiera habilidades para conseguir un empleo, emprender y continuar sus estudios, es razón suficiente para seguir apoyando la correcta aplicación e implementación de la ley», dijo.
En su más reciente visita a Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revisa las condiciones penitenciarias destacó la Ley de Utilidad Pública como una herramienta de alternatividad con enfoque de género que permite dignificar a las mujeres, y como una medida que permitiría también la posibilidad de reducir el hacinamiento.
La jueza Mónica Londoño dijo que lo primero que se hace para aplicar la medida es un estudio a través de asistencia social para verificar que se cumplan todas las condiciones exigidas para conceder el beneficio. “Eso nos ha permitido conocer de primera mano las condiciones, necesidades y situación familiar de cada mujer, algo que humaniza la norma y la aplicación de la ley. Hoy tenemos familias reconstruidas e hijos que se encuentran con sus madres, permitiendo una justicia restaurativa», anotó.
Las ciudades que han recibido más decisiones favorables por utilidad pública son Medellín con 27, Bucaramanga con 11, Yopal con ocho, Cali e Ibagué con cuatro, Manizales con tres, y Popayán, Armenia y Santa Marta, cada una con dos. Y según se conoció durante el acto de rendición de cuentas, la próxima ciudad en la que una mujer privada de la libertad recibiría este beneficio sería Villavicencio.
Fuente: Oficina de Prensa Ministerio de Justicia
