El entorno del arbitraje colombiano atraviesa horas de máxima tensión tras las graves declaraciones del exjuez Wilmer Barahona en el programa ‘Deporte sin Tapujos’. Según la denuncia pública, existirían presuntos cobros de dinero a árbitros activos para asegurar su nombramiento en los partidos de la Liga BetPlay. Ante este escenario, el actual director de la Comisión Arbitral, Imer Machado, solicitó una reunión urgente con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, con el firme propósito de aclarar su situación y defender su integridad profesional.
Durante el encuentro con el máximo jerarca del fútbol nacional, Machado presentó documentación financiera y certificados bancarios detallados para desestimar cualquier señalamiento sobre transferencias irregulares. El dirigente arbitral, quien ejerció como juez central entre 2007 y 2016, negó rotundamente haber recibido beneficios económicos por parte de sus subordinados a cambio de programaciones. Esta movida busca frenar el impacto mediático de los supuestos comprobantes de pago mencionados por Barahona, los cuales habrían sido el detonante de este nuevo escándalo administrativo.
El conflicto arbitral se trasladaría a los estrados judiciales
La controversia, lejos de apaciguarse, parece encaminarse hacia un proceso legal formal bajo los cargos de injuria y calumnia. Según reveló el periodista Carlos Antonio Vélez, Machado está preparando una ofensiva jurídica contra quienes realizaron las acusaciones, considerando que su nombre ha sido afectado sin pruebas concluyentes. El caso escalaría a los tribunales penales para determinar la veracidad de los testimonios, buscando una resolución definitiva a las sospechas de sobornos que han rodeado su gestión desde que asumió funciones administrativas.
Desde su llegada a la Comisión Arbitral de la Federación, Imer Machado ha enfrentado diversos cuestionamientos, pero esta es la primera vez que se plantea una defensa basada en la exposición abierta de sus movimientos bancarios ante la presidencia. Mientras la justicia ordinaria evalúa el inicio de las acciones legales, el fútbol colombiano queda a la espera de un veredicto que brinde transparencia al gremio arbitral. El desenlace de esta disputa judicial marcará un precedente importante en la estructura de mando de los jueces profesionales en el país.
