La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por diez años, en primera instancia, a Yeison Alexander Chipatecua Quevedo, alcalde Local de Tunjuelito por irregularidades en un contrato con la Fundación Suprema Lex, por $370 millones.
El propósito del contrato era realizar actividades físicas y recreativas a 760 adultos mayores, que incluían una salida recreativa, la entrega de sudaderas y otros elementos a los beneficiarios del programa.
La investigación estableció que los costos que sirvieron de base del presupuesto realizado por la Alcaldía Local para la compra de las sudaderas, difieren con el estudio realizado por los profesionales del ente de control. La diferencia encontrada como sobrecosto equivale a un 23%. Tampoco se evidenció finalmente quién fabricó y confeccionó las sudaderas.
La averiguación evidenció que las cotizaciones utilizadas durante el proceso de contratación no correspondían al año del proceso de licitación del año 2016, sino eran del año 2015.
De acuerdo con el fallo, con la firma del contrato se eludieron los principios de transparencia y economía de la contratación estatal.
Por último, el Misterio Público Distrital le solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar la conducta y posible responsabilidad del contratista Jack Cristopher Reina Rodríguez, asesor del área de planeación de la alcaldía, quien participó en la estructuración y consolidación de la fase precontractual del proceso en mención.
La decisión de primera instancia fue apelada por la apoderada del funcionario y será resuelta por la Personera de Bogotá, en segunda instancia.
