El Edil de Usaquén, Michael González, ha señalado graves irregularidades en los estudios y diseños para la construcción de la nueva Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba. En su denuncia, expuesta a través de la emisora Suba alternativa, menciona que se detectaron varios ítems no previstos, como la falta de especificaciones en los planos de drenaje y la necesidad de una comisión topográfica para controlar los asentamientos cercanos. A pesar de que estos puntos han sido concertados con la Secretaría de Seguridad, aún no han sido aprobados de manera oficial.
El contratista, quien comenzó las actividades en enero, ha advertido que estos problemas deben resolverse antes de poder iniciar la construcción. Si bien se espera que la obra concluya en 2026, la falta de cumplimiento de los estudios previos podría generar una extensión del contrato. El Edil destacó que, a pesar de las complicaciones, el contratista ha seguido trabajando, aunque el proceso aún está lejos de solucionarse.
Respecto a los costos, se conoció que los estudios y diseños iniciales tuvieron un costo superior a los 600 millones de pesos, con una adición de 30 millones de pesos. Además, el presupuesto total para la construcción de la URI supera los 8.600 millones de pesos, sumando un total de 9.200 millones de pesos. Estas cifras han generado preocupación en la comunidad ya que los sobrecostos podrían afectar tanto a Suba como a otras localidades vecinas como Usaquén.
El Edil destacó la importancia de abordar estas irregularidades de inmediato para evitar que el proyecto sufra más retrasos y sobrecostos. «Cada peso invertido debe ser gestionado con responsabilidad. Los proyectos deben ejecutarse de manera eficiente», subrayó Michael González. También hizo énfasis en que la obra tiene un impacto directo en la accesibilidad a la justicia para más de un millón de habitantes de la zona norte de Bogotá, quienes deben desplazarse a otras localidades para realizar denuncias.
En su denuncia, el Edil también resaltó la necesidad de una coordinación eficaz entre la administración anterior y la actual para garantizar que la construcción de la URI avance sin más obstáculos. «Es fundamental que las autoridades trabajen juntas para evitar retrasos adicionales y asegurar que la comunidad tenga acceso oportuno a los servicios judiciales», enfatizó. La falta de una URI en Suba está afectando directamente la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos.
Finalmente, el Edil Michael González anunció que se presentará un derecho de petición a la Secretaría de Seguridad, exigiendo respuestas claras sobre las irregularidades detectadas en los estudios y diseños. La comunidad espera que la administración local se comprometa a resolver los problemas actuales y a garantizar que no se repitan en futuros proyectos, destacando la importancia de la transparencia y eficiencia en la gestión pública.
