En una entrevista reciente con el abogado y consultor jurídico Juan Manuel Sáenz, abordamos un tema que ha captado la atención de muchos colombianos: la protección de los líderes ambientalistas. Sáenz compartió su perspectiva sobre la creciente preocupación por la seguridad de estos defensores del medio ambiente, quienes a menudo se enfrentan a amenazas y violencia debido a su trabajo. La conversación también se extendió a la responsabilidad del gobierno y las instituciones en la protección de todos los líderes sociales y ambientales.
El abogado Sáenz destacó que la problemática va más allá de la protección exclusiva de los líderes ambientalistas. Según él, el gobierno tiene la obligación de proteger la vida de todos los colombianos, independientemente de su rol o título. «No se trata solo de proteger a los líderes con rótulos específicos, sino de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que habitan en este país», afirmó Sáenz. Esta visión es respaldada por los oyentes, quienes expresaron su preocupación por el creciente número de asesinatos y amenazas dirigidas a quienes defienden el medio ambiente.
Una oyente, Daniela Fraile, opinó que muchas de las muertes de líderes ambientalistas están relacionadas con las grandes empresas multinacionales que explotan recursos naturales. Según Fraile, estas empresas ven a los líderes como un obstáculo para sus operaciones. «Es crucial que el gobierno atienda esta problemática para evitar consecuencias negativas para los ecosistemas y, por ende, para la población», dijo Fraile durante la discusión. La visión de Fraile refleja una preocupación compartida por muchos sobre el papel de las empresas en los conflictos ambientales.
El abogado Sáenz también abordó la debilidad de las instituciones encargadas de proteger a los defensores del medio ambiente. Señaló que las bandas criminales y grupos guerrilleros, que participan en actividades como la minería ilegal y el cultivo de coca, son una amenaza significativa. «El problema es la falta de capacidad del Estado para ejercer soberanía y garantizar la ley en todo el territorio nacional», explicó Sáenz. Según él, esta debilidad institucional facilita que estos grupos perpetúen la violencia y la deforestación.
En respuesta a la pregunta sobre los protocolos de seguridad para líderes ambientales, Sáenz explicó que, aunque existen mecanismos legales, la implementación y efectividad de estos son cuestionables. Relató cómo el proceso para recibir protección puede ser lento y complicado, a menudo dejando a los líderes vulnerables ante nuevas amenazas. «La realidad es que, a pesar de la existencia de leyes y protocolos, muchas veces la protección efectiva es insuficiente», reconoció Sáenz.
Para finalizar, el abogado Sáenz ofreció recomendaciones para mejorar la situación. Sugirió que los líderes ambientales recopilen evidencia de manera estratégica y formulen denuncias ante las autoridades competentes. «Es crucial que se reúnan pruebas y se presenten ante la Fiscalía y otras instituciones sin exponerse innecesariamente», aconsejó. Sáenz concluyó que la colaboración entre ciudadanos, autoridades y organizaciones es fundamental para enfrentar estos desafíos y proteger la vida de quienes defienden el medio ambiente en Colombia.
