La Contraloría de Bogotá destapó un escándalo de posibles manejos irregulares en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UARMV) al evidenciar sobrecostos que superan los $24 mil millones en el contrato de arrendamiento de su Sede Operativa, ubicada en la localidad de Fontibón.
La investigación, que inició a partir de una indagación preliminar de la Dirección de Movilidad, reveló una diferencia abismal entre el valor pagado por la UARMV ($31.899 millones) y lo que realmente debió desembolsar ($7.720 millones) por el arrendamiento del predio entre diciembre de 2018 y marzo de 2024.
Las alarmas se encendieron al descubrirse que, a pesar de que los propietarios del inmueble inicialmente lo ofrecieron por $120 millones mensuales ($4.800 por metro cuadrado), la UARMV terminó pagando a través de un intermediario la exorbitante suma de $599 millones mensuales ($29.400 por metro cuadrado), es decir, un 300% más de su valor real.
La Contraloría también evidenció que la UARMV desestimó, sin justificación alguna, otras opciones de arrendamiento en la misma zona que cumplían con los requisitos exigidos y ofrecían cánones de arrendamiento considerablemente inferiores al finalmente seleccionado.
Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría trasladó el caso a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para iniciar un Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF) con el objetivo de recuperar los recursos públicos y sancionar a los responsables del detrimento patrimonial.
“Es inadmisible que mientras las vías de la ciudad reclaman a gritos una intervención urgente, se dilapiden recursos públicos de esta manera. Esos $24 mil millones pudieron destinarse a mejorar la movilidad de los bogotanos”, puntualizó el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz.
La investigación también prendió las alarmas sobre la contratación de la misma empresa involucrada en este caso con otras ocho entidades del Distrito, que han arrendado al menos 49 inmuebles entre 2020 y 2024.
La Contraloría anunció que profundizará la investigación para determinar si en los demás contratos se presentaron irregularidades similares y así mismo, evaluará la posibilidad de iniciar acciones legales contra la empresa en cuestión.
