El Ministerio de Justicia interpuso una denuncia formal ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas María Fernanda Cabal, Lina María Garrido y Jota Pe Hernández, a quienes señala de incurrir presuntamente en los delitos de instigación a la guerra y menoscabo a la integridad nacional.
La acción judicial fue presentada por el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, mediante un documento de nueve páginas en el que se exponen varias publicaciones realizadas por los legisladores en redes sociales, las cuales, según el Ministerio, exceden el marco de la opinión política y podrían constituir una promoción de hostilidades contra el Estado colombiano.
De acuerdo con la denuncia, algunos de los mensajes publicados por los congresistas habrían sugerido o respaldado una eventual intervención militar extranjera en el país, particularmente de Estados Unidos, en un contexto de tensiones diplomáticas recientes. Para el Ministerio, este tipo de expresiones podrían interpretarse como un llamado a acciones bélicas contra la Nación.
Entre los mensajes citados se encuentra una publicación de la representante Lina Garrido, en la que dio la bienvenida al entonces presidente Donald Trump, poco después de que este mencionara la posibilidad de una operación militar en Colombia contra el presidente Gustavo Petro. Asimismo, se incluyó un trino del senador Jota Pe Hernández, dirigido al jefe de Estado, con expresiones consideradas amenazantes y ofensivas.
En el caso de la senadora María Fernanda Cabal, la denuncia hace referencia a una publicación en la que manifestó su respaldo a una eventual cooperación tecnológica y militar de Estados Unidos en varias regiones del país, argumentando que la guerra se gana con apoyo aliado y superioridad aérea.
Para el Ministerio de Justicia, estas manifestaciones podrían constituir una invitación a la intervención armada extranjera, lo cual —según se argumenta en el documento— se aleja de la libertad de expresión protegida constitucionalmente y entra en el terreno de discursos prohibidos, como la propaganda a favor de la guerra, por su potencial impacto en los derechos humanos y la soberanía nacional.
Idárraga subrayó que la gravedad de las conductas señaladas radica en que los denunciados ejercen funciones como congresistas, quienes, por mandato constitucional, están llamados a proteger el orden jurídico, la institucionalidad y la autodeterminación del país.
Finalmente, el Ministerio sostiene que las expresiones atribuidas a los legisladores no solo afectarían la integridad de las instituciones del Estado, sino que también podrían interpretarse como un abandono de su rol de garantes de la seguridad y la autonomía nacional. Será ahora la Corte Suprema de Justicia la encargada de evaluar la denuncia y determinar si hay mérito para avanzar en el proceso judicial.
