En un momento definitorio para la arquitectura del sistema sanitario colombiano, el presidente Gustavo Petro ha elevado la voz en defensa de la Reforma a la Salud, cuyo destino se debate actualmente en la Comisión Séptima del Senado. A través de un mensaje directo y conciso en la plataforma X, el jefe de Estado sentenció: “No hay más camino que la reforma”. Con esta afirmación, subrayó la necesidad imperante de transformar el rol de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). El objetivo es que pasen de ser meros intermediarios financieros a verdaderas gestoras de la salud de los ciudadanos.
La firme postura del mandatario Gustavo Petro se da en paralelo al análisis en el Senado. Este análisis se centra en el reciente concepto fiscal emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El concepto versa sobre el proyecto de ley No. 312 de 2024 Cámara, acumulado con el proyecto de ley No.135 de 2024 Cámara, titulado “Por medio de la cual se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”.
Tras superar con éxito dos debates en la Cámara de Representantes, la iniciativa se encuentra ahora bajo la lupa del Senado. Allí, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha ofrecido detalles sobre el respaldo financiero otorgado por Hacienda. Este respaldo es crucial para el nuevo modelo de salud que se busca implementar.
Con un tono de urgencia, el presidente Petro argumentó en su publicación la inviabilidad del esquema actual. “Ni el sistema de fondos privados de pensiones, ni la intermediación financiera en salud son sostenibles. Hemos dado el salto más grande en financiación a la salud y solo bastó que el Congreso se demorara, y comenzaron a hacer agua las EPS”. Para el mandatario, la reforma representa la “última oportunidad” para reconducir un sistema que considera abocado al fracaso.
El dictamen fiscal del Ministerio de Hacienda dibuja un panorama de inversión creciente en el sector salud. Estima un costo de $100,9 billones para 2025 (equivalente al 5,7 % del PIB) y ascenderá a $109,9 billones en 2026 (6,1 % del PIB). Para el año 2034, se proyecta que la inversión alcance los $163,9 billones (7,1 % del PIB). No obstante, el documento ministerial precisa que estas cifras son maleables y se ajustarán en función de las modificaciones que la iniciativa experimente en los debates restantes en la cámara alta.
A pesar de las proyecciones de un aumento significativo en el gasto, el Ministerio de Hacienda ha dado su “concepto aprobatorio” al proyecto de ley. Al considerar que “el impacto fiscal estimado del proyecto de ley del asunto puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esto manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas”.
El documento también clarifica la estrategia para abordar las deudas pendientes del sector salud. Señala que las obligaciones corrientes acumuladas al cierre de 2024 serán cubiertas bajo la directriz y priorización del Ministerio de Salud y Protección Social. Esto se realizará utilizando los recursos asignados a dicho sector, en concordancia con la autonomía presupuestal estipulada en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.
La obtención del aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda constituye un avance significativo para la Reforma a la Salud. Sin embargo, el debate en el Senado se anticipa complejo y lleno de matices. Adicionalmente, diversas voces han manifestado inquietudes acerca de la sostenibilidad y la operatividad del nuevo modelo propuesto, así como sus potenciales efectos en la calidad y la accesibilidad de los servicios médicos.
La propuesta gubernamental se centra en un sistema de salud fortalecido en la prevención y la atención primaria, otorgando al Estado un papel principal en la gestión de los recursos y la prestación de los servicios. La eliminación de las EPS como intermediarias financieras ha generado una notable controversia. Esta medida ha provocado críticas directas por parte de las aseguradoras y de algunos actores del ámbito político.
Sin embargo, el presidente Petro se mantiene inquebrantable en su convicción de que la reforma es un imperativo para edificar un sistema de salud justo y perdurable para todos los ciudadanos colombianos. La eventual aprobación del proyecto de ley en el Senado representaría un punto de inflexión en la historia de la salud en el país. De esta manera, se moldearía su estructura y funcionamiento durante las próximas generaciones.
